Eso sería poner las cosas al revés. Si el Gobierno no quiere transformar el diálogo político en una gran paritaria nacional, que termine arrinconando las finanzas públicas por el cúmulo de demandas sectoriales y la oposición no se deja vaciar de antemano su capacidad de gobernar en el futuro, está claro que los consensos deben alcanzarse en el ámbito de la política. Hay que separar lo que pueden ser los aspectos centrales de un pacto de convivencia de los temas de la coyuntura.

Para estos últimos está el debate en el Congreso nacional. Hay que constituir un Consejo Económico Social con participación de los partidos políticos, para asegurar en el tiempo los acuerdos que allí se alcancen.

Respecto a la reforma política, si se sigue sosteniendo un hiperpresidencialismo agotado, las crisis políticas seguirán siendo recurrentes. Es hora de aprovechar este nuevo escenario para avanzar hacia el parlamentarismo y hay que ponerse de acuerdo en promover la inclusión, mediante un régimen de ingreso universal, que se traduzca en un programa de alimentación, salud y educación. El Gobierno debe evitar la tentación de resolver, manipular o condicionar la interna del Partido Justicialista como único objetivo de las reformas electorales que propone. Y la oposición debe eludir el riesgo de ponerse una soga al cuello ejercitando la vocería de demandas sectoriales o corporativas que no tienen fin ni límites. Existe la oportunidad de mirar más lejos y no hay que desaprovecharla.