El informe presentado el martes pasado por la Comisión Consultiva y de Participación Ciudadana (CCPC) ante la gobernadora Lucía Corpacci no comprende, como se podría haber previsto al inicio del proceso, una rotunda postura de las instituciones, organizaciones y partidos políticos a favor de la conversión del sistema legislativo provincial del bicameralismo al unicameralismo.

Con posturas equilibradas a favor y en contra del cambio legislativo, se afirma que el paso al sistema unicameral (en el que en lugar de diputados y senadores habría legisladores sin distinción) no garantizaría una reducción de los gastos que conlleva el sostenimiento de este poder del Estado provincial.

“Es un tema bastante discutible y depende desde qué perspectivas uno lo analiza. En viejos tiempos, en la provincia regía un sistema unicameral, luego cambió al bicameral y ahora se lo quiere replantear. En las consultas, se vieron diferentes posturas: hubo gente que considera que la unicameralidad es útil y otra que cree que no”, explicó Raúl Caro, catedrático de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCa) e integrante de la Comisión en representación de la Junta de Estudios Históricos.

Al final de 2014, al convocarse a debatir sobre la necesidad de la reforma constitucional e iniciarse la ronda de consultas y ante los cuestionamientos que -en particular a la cámara de Diputados- se levantaron por los crecientes gastos que ha evidenciado la insuficiencia de las partidas presupuestarias inicialmente previstas, se comenzó a discutir acerca de la posibilidad de plantear la transformación de la Legislatura a un sistema unicameral, justamente para optimizar el gasto público para su funcionamiento.

No obstante, esto no sólo no se reflejó en las propuestas sistematizadas en los dos volúmenes oficializados por la CCPC, sino que ahora también se discute si la idea del ahorro público es tan certera. De hecho, se plantea si la instauración de la unicameralidad podría conllevar consecuencias negativas a la eficiencia parlamentaria.

“Remitiéndonos al punto de vista presupuestario, uno puede pensar que el sistema unicameral abarataría costos. Pero hay estudios muy serios que dicen que no aliviarían tanto el gasto, pero sí ocasionaría dificultades en la toma de decisiones”, agregó, en este sentido, Caro.

En esta línea, se rescata el valor del hecho de que el sistema vigente exija la necesidad del abordaje de mayores negociaciones para la toma de decisiones legislativas, impidiendo que el Poder Ejecutivo haga su voluntad en un poder independiente del Estado. Esto, en alguna medida, quedó en evidencia -entre otros- con el proyecto para la implementación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso).

“Se pretende que la Legislatura, independientemente de si es unicameral o bicameral, sea representativa de la voluntad general. Así se ha pensado, pero ¿es necesariamente así siempre? Los catamarqueños debemos preguntarnos por nuestros modos de conducta para mejorar la sociedad”, cuestionó Caro.

Pros y contras

El catedrático Raúl Caro argumentó a favor de la idea de que el sistema unicameral conllevaría dificultades en el proceso de toma de decisiones legislativas, estableciendo menores demandas para el alcance de consensos. “Con una sola cámara, se correría el riesgo de que el Poder Ejecutivo haga siempre lo que se le antoje”, graficó el intelectual. No obstante, desde hace algunos años que en la vecina provincia de Córdoba el debate está planteado. En la Docta, desde 2001, está vigente el sistema unicameral (al igual que en la mayoría de las provincias argentinas) y se plantea la posibilidad de transformarlo en bicameral. Jorge Edmundo Barbará, presidente de la Asociación Argentina de Derecho Político, se inclinó a favor de la unicameralidad por varias razones. “El sistema bicameral complejiza notoriamente el órgano de expresión de la voluntad estatal, cumpliendo más intensamente con la ley de mayor alejamiento de la libertad del pueblo”, expresó Barbará en La Voz del Interior. Esto se suma al peso legitimador que la consulta popular le dio a la modalidad vigente y el hecho de que un retorno al modo anterior significaría una “reburocratización política, retardando ineficazmente la agilidad de decisiones legislativas que requieren economías de alcance o de redes, diferentes a las economías de escala propias de un tipo de Estado que, en visiones progresistas, se encontraría en retirada”.