El Consejo Provincial de la Tierra y la Vivienda, creado en el ámbito del Poder Ejecutivo, quedó en la práctica desactivado para ofrecer soluciones habitacionales; y a criterio de la oposición se perdieron dos años para atender las demandas de la población.

"El consejo fracasó por falta de voluntad política, y con esa medida sólo se quiso aparentar interés", denunció el arquitecto Omar Reggiani, asesor legislativo y presidente del partido Frente Grande de General Roca.

Si bien el disparador fue la pérdida de tiempo, a esa asignatura pendiente se sumó que desde el gobierno nunca se dispuso la emergencia habitacional en la provincia, pese a los reclamos y las constantes tomas de tierras.

En medio oficiales se reconoce que el consejo provincial "quedó medio desactivado" desde la constitución de la Comisión Legislativa que aborda esta problemática, y en consecuencia el Ejecutivo decidió enviar como representantes a Silvia Jáñez, como secretaria de Legal y Técnica, y Marcelo Canneva, del IPPV.

Desde el Ejecutivo se indicó que el decreto de creación del consejo no quedó derogado, y por lo tanto se está trabajando en algunos casos de expropiaciones.

En tanto, la denuncia de Reggiani fue presentada mediante una extensa nota dirigida al titular del organismo de vivienda, Vicenti Pili, en la cual dijo creer que "en ningún momento el IPPV presentó ideas renovadoras que permitan afrontar la crisis por falta de tierras y viviendas para la población".

También se preocupó por recordar que nunca se pudo emitir un decreto gubernamental respecto de la emergencia.

Respecto de la situación actual, la titular de la comisión parlamentaria, Silvia Horne (PJ) se pronunció en favor de la necesidad de declarar la emergencia y adelantó que el cuerpo interpoderes elabora un anteproyecto destinado a frenar los desalojos violentos y a buscar incentivos para promover la regularización de tierras.

Este último punto toma como disparador los obstáculos que están teniendo pequeños productores del Paraje Arroyón, ubicado a 16 kilómetros de Cinco Saltos en dirección al Lago Pellegrini, donde hay propiedades veinteñales y hasta ahora no han encontrado respuestas a sus reclamos para conseguir un reconocimiento.

La preocupación está centrada en el último antecedente registrado en febrero pasado cuando la Justicia de Cipolletti desbarató un intento de toma en las inmediaciones de Arroyón. Una decena de familias de la zona quedaron supeditas a una causa que la instrucción policial caratuló como intento de usurpación en un terreno ubicado al noreste del puente del Arroyón. La intención era hacer un reparto entre unas 40 familiares. El municipio saltense no había dado autorización para la ocupación de esa tierra, y ante ello, la Policía advirtió que debían ser desalojados.