Tanto el alto cuerpo como el Colegio de Abogados han pedido audiencia con el Gobernador de la provincia, desde hace dos meses, pero no han tenido respuestas. Quieren explicaciones sobre las “demoras” en concurso realizado en 2009. Integrantes del Consejo de la Magistratura dieron detalles en Quién Dice Qué.

Recordemos que para cubrir cargos en la justicia, el Poder Ejecutivo debe enviar al Senado el pliego de una terna propuesta por el Consejo de la Magistratura. El cuerpo realiza un orden de mérito, que no necesariamente debe seguir el Gobernador para seleccionar el pliego a analizar por la Cámara Alta.

Se conoció que a fines de 2009 se realizaron los concursos Nº 79, 80 y 81 para elegir jueces de tres juzgados en lo civil y comercial. Participaron de los mismos, casi los mismos abogados. Salió primera la doctora Flavia Pascualini, quien eligió quedarse con el juzgado civil y comercial Nº 5 de Concordia.

En el concurso 79 se debía elegir un juez para el juzgado civil y comercial Nº 9 de Paraná, con competencia en quiebra; el segundo en orden de mérito fue el especialista en quiebra, profesor en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) de esa materia y abogado de las causas Cotapa, Waigel y Sagemüller SA, Angel Moia, pero su pliego nunca llegó al Senado.

El tercer lugar en la lista de mérito del concurso 79 fue para la abogada María Fernanda Erramuspe quien había quedado segunda en la contienda Nº 80, para el juzgado civil y comercial de Concepción del Uruguay, cargo que finalmente ocupó, luego que el Senado aprobara su pliego.

Desde el Consejo de la Magistratura solicitaron una audiencia con el gobernador Sergio Urribarri, el 14 de agosto de este año, para conocer qué pasó con el concurso Nº 79. También hubo una solicitud del Colegio de Abogados para reunirse con el primer mandatario, pero hasta el momento, no los recibió.

Según la representante de la UNL en el Consejo de la Magistratura, Catalina Moggia, en diálogo con el programa Quién Dice Qué, el tema de los concursos 79, 80 y 81 “generan un problema grave, pero no el más grave”.

Respecto de estos concursos detalló que “se rindieron en forma conjunta conforme lo permite el artículo 26, de la Ley 9996, reglamentaria de la Constitución de Entre Ríos ya que cuando hay varias vacantes en distintos juzgados, se hace un solo concurso. Hechas las evaluaciones, se elevan las ternas; no sabemos que pasó con el concurso 79”.

Al mismo tiempo explicó que cuando se elevó el concurso 79, “había terna”. La demora ocurrió en el Poder Ejecutivo, dijo, y agregó que desconocen las causas. “Pensábamos que era por un recurso interpuesto por quién no había alcanzado el mínimo para integrar la terna, pero descartamos esa posibilidad, porque fue elevado al Gobernador, antes de estar resuelta esa impugnación”.

“Moia sacó en la oposición, el puntaje más alto”, aseveró. Esta situación se registró en 2009 y aún no han tenido respuestas. “Eso es lo que queremos saber, y para eso hemos pedido, a través del Secretario de Justicia, que gestione una entrevista con el Gobernador, para pedir explicaciones. Está solicitada desde el 14 de agosto y no hemos tenido respuesta, lo que ha generado un considerable malestar entre los integrantes del Consejo de la Magistratura”, aseguró.

Moggia hizo hincapié en que los integrantes del Consejo de la Magistratura, “nos desempeñamos ad honorem, y que normalmente se venían respetando las decisiones del organismo”.

Para integrar la terna, indicó la representante de la UNL en el Consejo de la Magistratura, “se debe tener 60 puntos mínimos”. La ley, acotó Moggia, “dice que en caso de no haber tres, el Consejo está obligado a elevar con los postulantes que tenga”.

El problema asevera, se presenta “con la intervención” de Fiscalía de Estado en el marco de los concursos. De acuerdo a la Constitución, el Consejo de la Magistratura, es un órgano “con competencia exclusiva”, para asesorar al gobernador en materia de postulaciones de candidatos a jueces. “Este concurso (el 79) se retrasa, y en un trámite que no es usual, desde la Secretaria de Justicia, se pide opinión a la Fiscalía de Estado, atento a la importancia del juzgado, según se expresa”, relató Moggia.

“La Fiscalía de Estado dice que si no hay terna, el Ejecutivo no está obligado a postular candidatos. Pero había terna cuando se elevó el concurso”, indicó.

Desde Fiscalía de Estado “se nos manifiesta, a titulo de consejo o dictamen, que el Consejo de la Magistratura se debe elevar una terna por cada cargo vacante y que los nombres de los ternados no se deben repetir”, mencionó. En este sentido, opinó: “Creemos que la Fiscalía de Estado no tiene competencia para darnos esas instrucciones, además porque es una instrucción ilegal, desde el momento en que la Ley 9996, dice que estamos obligados a elevar con los postulantes que hayan obtenido el puntaje necesario (60 puntos)”.

“Tradicionalmente el Ejecutivo venía designando, aunque hubiera uno”, detalló. Pero esto ocurrió antes de este concurso.

Por su parte, la representante de la Sociedad Civil en el Consejo de la Magistratura, Ada Nietzel de Vaccalluzzo dijo a Quién Dice Qué que están “muy preocupados” y que la impotencia aumenta porque “a nuestro trabajo lo hacemos con seriedad, se trabaja muy en serio, con muchas ganas; gente que viaja desde el interior, para estar”.

El Colegio de la Magistratura está integrado por cinco estamentos que representan al Colegio de Abogados, AJER, académicos, sociedad civil, y magistrados. En total son diez personas.

Moggia manifestó a Quién Dice Qué, que aún no han decidido cómo proseguir en este tema, pero necesitan una respuesta.

Quieren una solución “por las consecuencias que esto trae”, consideró. En esta línea, aseguró que en el caso de “los cinco juzgados civiles, no vamos a tener ternas, porque no hay candidatos”.

“Cada vez se presenta menos gente”, clarificó, y justificó que esta situación se da por “las idas y venidas”, ya que, como se puede observar, “un profesional que concursa tiene que estar tres años esperando una decisión; esto desanima a cualquier concursante”, reflexionó.

“Nos ha preocupado y nos ha molestado”, aseveró Moggia, respecto de lo ocurrido con el concurso para cubrir el juzgado civil y comercial Nº 9 de Paraná, con competencia en quiebra. “Hay posturas de todo tipo, desde los que entienden que se deben suspender todos los concursos, hasta que se esclarezca, porque seria una falta de respeto llamar a concurso a la gente para decirle después que si no hay terna, su expectativa depende de la voluntad de otros”, anticipó.