El juez federal Martín Cormick hizo lugar a los amparos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA) y ordenó al Gobierno poner en marcha de inmediato la Ley 27.795. Consideró que el Ejecutivo había utilizado el Decreto 759/2025 para suspender una norma que el Congreso había ratificado con los dos tercios de ambas cámaras.
La Justicia ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional el decreto que la frenaba
