Las tensiones que se vienen acumulando en el Consejo Escolar volvieron a sumar ingredientes este miércoles tras la protesta de los transportistas escolar por la irregularidad en la que se viene llevando adelante el servicio desde el año pasado.

Como adelantó en marzo La Tecla Mar del Plata, los proveedores se encargan del servicio fundamental sin contratos vigentes, lo que constituye una práctica ilegal, sumado a una deuda de aproximadamente medio año.

Esa olla a presión se destapó en las últimas horas en las puertas de Avenida Colón y casi Champagnat, donde unos 60 transportistas protagonizaron una fuerte concentración que bloqueó el tránsito durante la mañana, con el reclamo inmediato de la solución a los problemas económicos del sector.  

Los manifestantes apuntaron contra la totalidad el Consejo Escolar y en particular contra el presidente de la Comisión de Transporte Escolar, el oficialista Bruno Sapere. Precisamente, a fines de abril la oposición arremetió contra él y buscó sancionar al edil radical, alineado a la concejal Cristina Coria.

El 19 de abril el Frente de Todos convocó a una sesión especial  para sancionarlo por “incumplimiento de deberes y funciones” como presidente del área, pero tanto el oficialismo como el acusado no asistieron, por lo que no hubo quórum. A raíz del faltazo de Juntos por el Cambio, el Frente de Todos resolvió elevar el expediente a la Dirección Provincial de Consejos Escolares. En caso de ser encontrado responsable de las falencias en el sistema de transporte, Sapere se expone a una sanción que puede ir de los 30 días, a medidas más laxas como un apercibimiento.

Al funcionario se le objeta el rol en el Consejo Escolar durante 2020 en lo referente a las tareas en la pandemia, como lo respectivo a la distribución de insumos de limpieza, la implementación del Servicio Alimentario Escolar y la distribución del material pedagógico para los estudiantes puedan sostener las clases a distancia. Pero el tema más sensible es el proveedores del servicio de transporte se encuentra trabajando sin contratos vigentes, sumado a la falta de pago.

El decreto 59 de la Ley 13.681 rige las contrataciones de la Provincia y esta normativa es la que hoy el Consejo Escolar no estaría cumpliendo de acuerdo a las denuncias que se compartieron con este medio. "Por esto tampoco hay seguro para los alumnos que son trasladados en estas unidades, lo que es muy grave si llega a pasar algo en la calle. No sabemos quiénes son los chóferes tampoco, no hay registro de eso. Es una irregularidad absoluta, es ilegal", sostuvo una fuente escolar.