El expediente (N° 114/13) fue ingresado por el bloque unipersonal del Frente para la Victoria-Partido Justicialista que compone Héctor García Cosentino y estuvo acompañado por el voto del Partido Justicialista-Frente para la Victoria y de la bancada oficialista, Nuevo Zárate. De esta manera, por el aval de la mayoría del Cuerpo, fue sancionada la Resolución N° 2.349

Por su parte, el bloque Unión Peronismo Federal, rechazó la medida. “No es una democratización de la Justicia, es un avance sobre la misma para alcanzar una mayor concentración del poder en manos del oficialismo nacional, por lo tanto es inconstitucional”, señaló la presidente del bloque opositor, Silvia Baccino.

Quienes avalaron la Resolución consideran que cada uno de los proyectos “reúnen relevantes reformas que consideramos necesarias para el desarrollo pleno de la democracia en Argentina” y que en la actualidad es necesario efectuar cambios para modificar el funcionamiento “corporativo” de la Justicia.

En síntesis, los ediles sostienen que “cada uno de esos proyectos y todos en su conjunto son necesarios para el ejercicio idóneo, equitativo y democrático que se espera en tiempos de cambios e inclusión como los que corren”.

Reformas impulsadas

Los sectores más críticos de la iniciativa nacional para reformar la Justicia sostienen que el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner busca, bajo una formula eufemística, cercenar el Poder Judicial y, así, poner en riesgo a la República. Esto, sustentado en cada una de las iniciativas que componen el paquete legislativo enviado al Congreso para su tratamiento.

Sobre la reforma del Consejo de la Magistratura, a través de la cual se propone elegir por el voto popular a los representantes de los jueces en ese Cuerpo, académicos y abogados, ampliar sus miembros de 13 a 19 y establecer que la elección se haga en forma conjunta con las elecciones nacionales, los ediles zarateños de NZ, FpV-PJ y PJ-FpV sostienen que “es oportuno destacar la necesidad de reformarlo para mejorar uno de los puntos más relevantes del Poder Judicial como es el proceso de nombramiento de magistrados, de ejercer sus facultades disciplinarias y hasta de la remoción de los mismos”.

Además, esgrimen en el documento que “es indispensable en un verdadero sistema democrático que todas las personas tengan la posibilidad de ingresar a la Justicia de manera “igualitaria” y no por designaciones de padrinazgo o parentesco, debiéndose dejar de lado intereses elitistas”.

Cabe señalar que el Consejo de la Magistratura es un órgano constitucional multisectorial a cargo de la confección de las ternas de candidatos a jueces federales para que, luego, sean designados por el Presidente de la Nación en acuerdo con el Senado. Y, también, es quien tiene a su cargo la administración del Poder Judicial, el control de la actividad de los jueces y la imposición de sanciones.

Sobre el proyecto de publicidad de los actos del Poder Judicial, los concejales sostienen que “permitirá acceder en tiempo real a la información” de las decisiones emanadas de la Corte Suprema de Justicia y órganos de segunda instancia.

Respecto a la creación de nuevas Cámaras de Casación de los fueros Contencioso Administrativo; Laboral y de Seguridad Social y Civil y Comercial, “resulta más que acertada” ya que “permitirán que la Corte Suprema de Justicia, pueda dedicarse a resolver con mayor rapidez, ya que en la actualidad es imposible que puedan analizar el cumulo de causas existentes”.

En torno al otro proyecto de regulación de medidas cautelares contra el Estado, lo que busca evitar que se trabe la aplicación de una normativa, tal como ha sucedido con la Ley de Servicios Audiovisuales, señalan que “no hay lugar a dudas la actual reforma, viene a sanear algunas de las actuales falencias de las que adolece actualmente el Poder Judicial, comenzando así, el camino de verdadera democratización de la Justicia”

Numerosos y calificados sectores de la sociedad, entre ellos la Conferencia Episcopal, han advertido sobre la gravedad para una genuina democracia de una reforma con la envergadura de la propuesta, si se basa en la imposición antes que en el consenso, tal como está acostumbrado el kircherismo.