ROCA (AR).- Un comienzo distendido tuvo ayer la sesión del Consejo de la Magistratura en Roca, pero luego hubo fuertes cruces, debates de contenido técnico jurídico y, sobre todo, determinaciones para avanzar en causas por denuncias de mal desempeño judicial u otras irregularidades graves. En total se decidió sumariar o enviar a investigación preliminar a cuatro jueces penales, dos fiscales y un defensor oficial de Roca. Cada vez que se debatió entre archivar un caso o abrir sumario se optó por la segunda moción, incluso con inéditas decisiones por unanimidad. Varias veces se apartó el Consejo de los dictámenes del Auditor General que proponían archivar o dejar en suspenso las actuaciones.
La sesión dejó un doble revés para el juez de Roca Pablo Iribarren y puso una vez más en evidencia las dificultades "operativas" para que los jueces analicen las acciones de sus pares. Por un lado se rechazó "por manifiestamente improcedente, sino maliciosa" su denuncia contra todos los integrantes de las Cámaras Criminales 2 y 3 de Roca y los fiscales que intervinieron, después que él, en la investigación del primer triple crimen de Cipolletti. El planteo, calificado en la sesión como una denuncia "genérica" y de fines "defensistas", pretendía que fueran enjuciados todos los actores de la cuestionada investigación por la cual él y el ex fiscal Álvaro Meynet están a punto de ser llevados a juicio político por presunto mal desempeño.
La segunda mala noticia para el magistrado es que el Consejo dejó clara su voluntad de realizar el jury lo antes posible. Incluso se evaluó la posibilidad de convocar al juicio oral antes de finalizado este año judicial.
Un total de 12 jueces de Roca debieron ser llamados a integrar el Consejo al único efecto de analizar si prosperaría o no la denuncia de Iribarren. Cinco de ellos no podían intervenir porque eran los acusados en la denuncia y otro porque había actuado como sumariante contra el mismo magistrado. Todos los restantes, incluidos jueces del fuero civil y laboral, se excusaron de intervenir por razones de amistad o invocando "violencia moral". Finalmente Broggini integró el Consejo y avaló la desestimación de la denuncia.
Otras determinaciones relevantes de la sesión fueron:
• Caso Zerdán: Prosperó la denuncia de la legisladora Marta Milesi contra el juez Juan Torres y la fiscal Elsa Alasino, de Roca, por "disfuncionalidades" en la investigación del crimen de la bioquímica de Cipolletti. Lázzeri será sumariante.
• Caso Gaya: Se abrió sumario al Defensor de Pobres y Ausentes Nº 3 de Roca, Carlos Gaya. Lo acusó la Defensora General Rita Custet de haber intervenido en un juicio sucesorio de su propia familia usando su cargo y sello oficial. Gaya también fue denunciado penalmente por el hecho. Crespo asumió su defensa penal y se excusó de intervenir en ese punto ante el Consejo. Piccinini y Soria cuestionaron que debió haber priorizado su cargo público.
• Causa Galván: Por la denuncia de familiares de víctimas de un accidente de tránsito fatal no esclarecido, ocurrido en 2002 en Valle Medio. Pidieron informes al actual fiscal y a la ex fiscal (hoy jueza) Marisa Bosco, quien está denunciada en la causa pero formuló un descargo apuntando al accionar del ex juez Guillermo Moyano.
• Causa Noches: Se pidió investigación preliminar contra los jueces de la Cámara 3º Carlos Vila, Fernando S. Freytes y Aldo Rolando, y el fiscal Edgardo R. Trejo por la anulación del procesamiento y preventiva a acusados de un homicidio en Lamarque. Para Piccinini la actuación del tribunal fue "cuasi-prevaricante". Fuerte cruce con Crespo por los límites de injerencia del Consejo.
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