La crisis que está viviendo la petrolera YPF, cuya cabal muestra son los incendios y las explosiones ocurridas en el presente mes, no es producto de la causalidad.
Estas maniobras oscuras se profundizaron en los ´90 con el menemismo, que concretó la privatización de la petrolera, contando con el apoyo entusiasta del kirchnerismo que por aquel entonces gobernaba la provincia de Santa Cruz. Y cuyos legisladores nacionales en el congreso avalaron la venta a precio vil a cambio del cobro de regalías petroleras mal liquidadas para su Provincia, que luego se transformaron en bonos de la YPF privatizada y finalmente terminaron convirtiéndose en cientos de millones dólares que fueron girados a bancos extranjeros.
Luego, a partir de la llegada de los K a la Casa Rosada, hubo una marcada sintonía entre el gobierno nacional y los españoles de Repsol (que tenían la mayoría de las acciones de la empresa hidrocarburífera) que se extendió durante varios años, al punto que la firma ibérica aceptó vender una parte importante de sus acciones a Enrique Eskenazi, un empresario de estrechísimas relaciones con el kirchnerismo. Lo insólito fue que gran parte de esos títulos fueron pagados con las ganancias de la propia petrolera y con créditos otorgados por bancos amigos del poder. En otras palabras, Eskenazi sólo desembolsó algunos pesos para hacerse del control operativo de la petrolera.
El broche final fue la llamada nacionalización de YPF, mediante la cual el Estado pasó a controlar el 51% de las acciones de la petrolera. Fiel a su estilo, la presidenta Cristina Fernández y su círculo de adulones, dijeron que el Estado había “recuperado” un patrimonio nacional para beneficio de todas y todos los argentinos. Fue una gran mentira: lo que se terminó “recuperando” fue una empresa vaciada, saqueada, con reserva de gas y petróleo que se encuentra en los niveles más bajos de la historia, sin perspectivas de que se pueda mejorar en el mediano plazo.
YPF ahora pasó a ser una gran devoradora de recursos públicos, incluido el dinero de la Anses, es momentos en que prácticamente todos los días se muere alguno de los cientos de jubilados que tuvieron que recurrir a la Justicia para pedir que se les reconozca el derecho al 82% móvil.
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