El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, y el secretario de Transformación de los Sistemas Judiciales, Carlos Giandoménico, se reunieron esta mañana con los seis ministros de la Corte Suprema de Justicia de la provincia y el procurador general Agustín Bassó para plantear la necesidad de constituir una comisión de trabajo interinstitucional entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial para la puesta en marcha del nuevo proceso penal.

A fines de diciembre de 2009, el ministro Superti había solicitado la conformación de este espacio de trabajo para abordar en conjunto y coordinadamente tres ejes fundamentales vinculados con la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal: la infraestructura, la capacitación y lo normativo. Dicho requerimiento fue abordado en la reunión de esta mañana, en el marco del acuerdo plenario semanal de la Corte, que se realiza en la ciudad de Santa Fe. Las autoridades del máximo tribunal estudiarán ahora la propuesta y se expedirán al respecto.

Concretamente, se procura la constitución de una comisión que aborde temas que involucran a ambos poderes a la hora de implementar este cambio histórico para la provincia. Por ejemplo, la infraestructura edilicia que albergará a los nuevos tribunales penales, el Ministerio Público y la Defensa Pública; la transición al nuevo sistema –que involucra a magistrados, secretarios, fiscales, defensores, peritos y empleados del Poder Judicial–; los programas de capacitación; la oficina de gestión judicial, la coordinación de tareas con los Centros de Asistencia Judicial (CAJ) y las Oficinas de Depuración de denuncias.

Antecedentes

En 2007 fue aprobado el nuevo Código Procesal Penal y a fines del año pasado las leyes complementarias para montar el nuevo sistema, como la ley de Transición, la de creación del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público de Defensa Penal, así como la norma que se refiere a la organización de los tribunales penales.

La puesta en marcha del nuevo sistema no sólo le permitirá a Santa Fe ponerse a tono con las exigencias de la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella, sino que responderá a las demandas de la población de una justicia más cercana, ágil y eficiente. Es que los procesos ya no serán escritos y secretos sino orales y públicas. Se desarrollarán en audiencias en las que las partes expondrán sus puntos de vista en forma transparente, incorporando a la víctima –la gran olvidada del sistema anterior–, que ahora puede querellar.

Desde diciembre de 2007 la actual administración está trabajando en los aspectos de infraestructura, capacitación y normativa para llevar adelante la reforma.