La foto está cargada de emoción. El gobernador le sonríe mientras entrega una carpeta. El aborigen Humberto Chené, de 64 años, le agradece con la mirada. El chorote llegó desde la Misión Nueva Esperanza en Santa Victoria Este, sobre la triple frontera salteña con Bolivia y Paraguay, en el departamento Rivadavia.

Es una de las miles de personas que hace décadas luchan por la propiedad de las tierras que habitan desde tiempos ancestrales. Los aplausos en el Grand Bourg a la sala llena acompañaron a Chené cuando estuvo frente a las autoridades. Parecía la entrega definitiva de las tierras que tanto anhelaban estos salteños de uno de los municipios más pobres de la Argentina. Pero en la carpeta no había ningún título de propiedad. En realidad, se trataba de una copia de un decreto, el 1.498. 

“Pensábamos que era el título, pero después el gobernador habló que con ese decreto se van a poder entregar. Lo histórico sería que entreguen los títulos de las tierras”, le dijo Chené a El Tribuno. El decreto transfiere aproximadamente 643 mil hectáreas de tierras fiscales, de las cuales 400 mil quedarán en propiedad comunitaria de 71 comunidades aborígenes y 243 mil hectáreas en condominio para 463 familias criollas. La nueva normativa fue altamente promocionada esta semana por el Gobierno provincial y fue definida como un hecho histórico. Pero en concreto, los habitantes de los lotes 14 y 55, en Santa Victoria Este, todavía no tienen los títulos de sus tierras y no puedan actuar como dueños de ellas. Además el 1 de julio la solución definitiva del caso podría quedar afuera del alcance del Estado y ser elevado a un juicio internacional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Todavía no está determinado el territorio que le corresponde a cada comunidad dentro de esas 400 mil hectáreas y tampoco las parcelas que asignarán a cada familia criolla dentro de las 243.000 entregadas a esos pequeños campesinos rurales. En realidad hasta el día de hoy los organismos estatales encargados de la regularización no han podido definir cuántas hectáreas hay realmente en los ex lotes fiscales 14 y 55, porque a ciencia cierta no se sabe si son 643.000; un poco más o un poco menos. Aunque se tratara de 643.000 hectáreas, no se conoce exactamente dónde se ubican geográficamente las 400 mil aborígenes y las 243.000 criollas. 

La presentación del decreto provincial 1.498 fue muy celebrada por el Ejecutivo provincial que citó a los principales actores del conflicto y les entregó una copia de la normativa encarpetada. Pero el verdadero conflicto histórico está en la distribución de esas tierras. El problema que siempre existió y que todavía no tiene solución es la definición en el terreno de los límites de cada comunidad y cada puesto criollo dentro de las supuestas 643.000 hectáreas de los ex bosques fiscales. Ese proceso se encuentra actualmente en marcha, pero está muy lejos de una solución definitiva, según los principales actores del conflicto consultadas para esta edición. 

“Urtubey transfirió la propiedad de los lotes fiscales 55 y 14 a originarios y criollos luego de 20 años”, anunciaban los partes de prensa del Gobierno, para quien el decreto “confirma un paso fundamental para la finalización del reclamo histórico” de estas tierras. “Sé que esta decisión quedará grabada en nuestros corazones porque concreta el sueño de la tierra propia”, opinó el vicepresidente primero del senador provincial, Mashur Lapad. “Este es un paso histórico para nuestras familias. Muchas gracias Gobernador”, agregó Moisés Balderrama, el intendente de Santa Victoria Este. Sin embargo, más de 10 fuentes consultas coincidieron en afirmar que “falta mucho”.