El conflicto de la salud ingresa hoy en la tercera semana consecutiva de paro en los hospitales de la provincia sin que las partes tengan al menos un mínimo canal de diálogo abierto.

Sin atención en los consultorios externos y con las operaciones programadas canceladas hasta nuevo aviso, los trabajadores buscan hacerse escuchar por los funcionarios provinciales y esperan una convocatoria que hasta aquí ni se simuló. Por el contrario, la semana pasada hubo dos noticias que terminaron de tensar la cuerda: los descuentos que llegaron en los recibos de sueldo por las jornadas de protesta y la posterior intimación de la Secretaría de Trabajo de la Provincia para que se respeten las prestaciones esenciales, bajo amenaza de declarar ilegal la protesta.

El viernes, los trabajadores de los hospitales recibieron esa advertencia de la cartera laboral que conduce Omar Sereno a través de los “superiores jerárquicos”, explicaron.

La resolución 287 firmada por Sereno “es así nula dado que omite la comunicación a través de la titular del conflicto: la UTS”, señalaron desde esa entidad gremial.

“Con este artilugio lo que se busca es represaliar a los trabajadores en forma directa, lo cual es ilegal e inconstitucional. La UTS niega, prima facie, toda autoridad a la Secretaría de Trabajo para regular el conflicto. Se trata de funcionarios de segundo rango nombrados por el gobernador, lo cual los convierte en juez y parte. Dichos funcionarios de segundo rango no son más que la correa de transmisión de la decisión política del gobernador Schiaretti de aplastar la huelga con la represión a los trabajadores”, remarcaron en una nota que fue enviada como respuesta a la Secretaría de Trabajo.

En esa nota enviada a Sereno aseguran que las asociaciones con inscripción simple ante el Ministerio de Trabajo de la Nación están facultadas para llevar adelante medidas de fuerza como las que realiza la UTS y acusa a los funcionarios de la cartera laboral de desconocer la normativa vigente y la jurisprudencia en ese sentido.

“Fesprosa -la Federación de Profesionales de la Salud de Argentina- y UTS rechazan de plano la resolución 287, que es un verdadero mamarracho jurídico, apenas una coartada leguleya para justificar la decisión política de iniciar la represalia directa de los trabajadores y quebrar el conflicto. Reiteran que la UTS y las asambleas han ratificado las medidas en el marco de la ley vigente, instando una vez más a la convocatoria sin condiciones a una mesa de diálogo”, concluye.