Cuando la delegación intentó ingresar en el edificio municipal, se encontró con que el encargado de la custodia privada y ex jefe de la Policía de la Provincia, Miguel Ángel Ubieta, se las cerró en las narices, como si se tratara del ingreso a un edificio privado y no público.

Por su parte, Lezcano aseguró que le rescindieron el contrato por reclamar “la incorporación de los contratados a planta permanente, el premio anual y la estabilidad laboral; para todo el plantel de recolección de residuos”. Estos reclamos los venían realizando en una especie de mesa de diálogo con Sebastián Ricco, titular de la Secretaría General municipal.

Finalmente, Pérez fue recibido por el secretario de Transporte municipal, Guillermo Godoy, quien no le dio ninguna solución al tema, por cuanto al salir de la reunión, el titular de ATE informó que los recolectores de residuos continuarán con el paro durante la jornada de hoy y hasta que Lezcano sea reincorporado a su puesto.

‘Campeón de Justicia Social’

Este título le cabría como anillo al dedo al titular de Disposición Final de Residuos, Mesina, por sus declaraciones a la prensa durante la protesta, puesto que aseguró que a Lezcano le rescindieron su contrato por “problemático, porque en cualquier trabajo del mundo, cuando no se cumplen las directivas, se echa al trabajador”.

Ahora las preguntas del millón para Mesina sería: ¿Es problemático un trabajador por reclamar sus derechos? ¿Mesina pertenece a la doctrina Justicialista nacida del Peronismo? ¿Si su líder Juan Domingo Perón lo escuchar, seguiría en su cargo?

Cada vez peor

Cuando la gestión de Alicia Lemme ‘municipalizó’ el servicio de recolección de residuos que estaba a cargo de la empresa privada 9 de Julio, los trabajadores que fueron absorbidos por la Municipalidad no se les respetó el convenio colectivo de trabajo que los rige en todo el país.

Hoy se puede ver claramente que "la madre, la hermana", la tía, la abuela de los puntanos, como la bautizó Alberto Rodríguez Saá, no lo es tanto, puesto que Lezcano aclaró que la gran mayoría de los trabajadores que recolectan residuos, está contratado con ingresos promedios de dos mil pesos, cuando el convenio colectivo del sector obliga a pagar más de cinco mil pesos.

Con una calculadora en la mano y haciendo números redondos, concluimos que si allí trabajan casi 100 empleados y se les paga a cada uno cerca de 2 mil pesos, contra los 5 mil que deberían pagarles, la intendente ‘campeona del ahorro’ estaría dejando de pagar cerca de 300 mil pesos mensuales. ¿Y la Justicia Social? Bueno, no seamos tan exigentes, o se ahorra o se hace Justicia Social.