Los legisladores que responden al ex gobernador Jorge Busti repudiaron mediante un proyecto presentado ante la Cámara de Diputados la no renovación “arbitraria, discrecional e injustificada de los contratos de obras y/o servicios de los agentes municipales de la ciudad de Paraná” y solicitaron al Poder Ejecutivo Provincial que lleve adelante “las acciones necesarias para rever, y en su caso, revertir, la medida adoptada”.

La iniciativa lleva las firmas de los diputados del bloque del Frente Entrerriano Federal (FEF) entre los que se encuentran el titular del sindicato municipal Hugo Vásquez y la ex funcionaria comunal, Rosario Romero.

Según los cálculos del bloque del FEF son “más de 1.400 agentes municipales” los afectados por la decisión “arbitraria e injustificada” de no renovación de los contratos de servicios y obra en la Municipalidad de Paraná.

“Calificamos de tal manera a dichos decretos, por el simple motivo de que la Sra. Intendente manifestó públicamente que se iba a estudiar “caso por caso” dichos contratos y que, los que efectivamente cumplieron funciones no iban a ser despedidos, lo cual en los hechos no resultó ser así, ya que existes numerosos casos de personas contratadas que han cumplido efectivamente sus funciones y las han dejado sin trabajo”, afirmaron.

Consideran que esa “arbitrariedad” presenta “un tinte de persecución política y gremial, que, como nunca se ha visto en un gobierno peronista, deja en la calle a muchas familias de nuestra ciudad”.

Menciona que la medida fue adoptada el pasado 13 de enero de 2012 mediante decretos Nº 220, 221 y 222 del Departamento Ejecutivo Municipal de Paraná, en los que se establece “como fundamentos para la adopción de las contrataciones de agentes que se enuncia en un listado adjunto, y en el cual se dejan fuera más de mil cuatrocientas personas, que, las mismas se encuentran dentro del marco de las previsiones comprendidas en el presupuesto reconducido por Decreto Nº 184 de fecha 02 de enero de 2012”.

“Sabemos, y es de público conocimiento, ya que el gobierno oficialista lo expresa en incansables ocasiones, que no existe una supuesta crisis económica que amerite un ajuste en las contrataciones, todo lo cual torna injustificados los decretos mencionados”.