En la misma se establece un Régimen Especial de comisión paritaria para el sector frutícola que consiste en la convocatoria por parte de la Secretaría de Trabajo a todas las organizaciones gremiales y patronales para discutir la cuestión salarial de la cosecha a partir del 15 de octubre de cada año y por cuarenta y cinco días. Cumplido este plazo, si hay acuerdo, automáticamente se homologa y si no, se procede a solicitar el laudo arbitral del Ministerio de Trabajo de la Nación.

Es decir, esta ley se anticipa con una solución de gestión a este tipo de conflictos que socavan aún más la grave situación que atraviesa el sector frutícola. Decimos entonces y reflexionando sobre aquello de que la cosecha es sagrada, que hay un límite natural para dejar resueltas las discusiones, un mes antes de la cosecha y no ahora cuando se pone en riesgo a toda la economía regional.

La Secretaría de Trabajo ha manifestado públicamente una supuesta imposibilidad para intervenir conforme lo obliga la Ley 4501, aduciendo que “este tipo de procedimientos de laudo arbitral son potestad de paritarias nacionales”.

Nos vemos en la obligación de reafirmar que respecto a las cuestiones jurisdiccionales, no es algo que no se haya contemplado al sancionar la ley; ya que de hecho, en el artículo 6, aclara que aquellas asociaciones profesionales que atento a su naturaleza de organizaciones de jurisdicción nacional, requieran realizar paritarias en la órbita del Ministerio de Trabajo de la Nación, la Secretaría de Trabajo evaluará el planteo y previa resolución fundada, remitirá a dicho ministerio las actuaciones para que, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN DICHA LEY, se realice el trámite de negociación.

Por otra parte, es la misma ley que crea la SET ( Nº3803) la que la habilita a arbitrar las medidas necesarias tendientes a prevenir eventuales situaciones de conflicto, facilitando la comunicación o mediante la convocatoria de los distintos actores sociales involucrados.

Se está hablando de pérdidas de alrededor de cuarenta y cinco millones de dólares, se han ocasionado perjuicios a otras economías, como por ejemplo el turismo, se ha limitado la circulación de miles de personas, y todo esto por la pasividad del Ejecutivo Provincial y su intransigencia para poner en marcha un instrumento legal que como primera medida debe dar cumplimiento.

Desde nuestro bloque, esperamos que la situación no se vuelva a repetir con este conflicto y con el que pueda generarse con los docentes, ya que por nuestra iniciativa, la Legislatura de Río Negro sancionó una ley en los mismos términos para que los alumnos rionegrinos tengan un normal inicio de clases.