Los residentes estables dicen que sufren robos. Los del predio ocupado quieren blanquear su situación.
La situación está planteada entre titulares de los complejos Chacras de Farrell y Parque Las Colinas. El primero, surgido hace poco tiempo y el restante, con más años de radicación. Los ocupantes clandestinos están en un gran predio, de alrededor de 6 hectáreas, pegado a esos complejos habitacionales, llamado barrio Valle Encantado. Dos de los límites del gran inmueble están definidos por las calles Besares y Benito de San Martín (sobre el faldeo de la ruta 82 o Panamericana).
Voceros de los moradores estables, que no dieron sus nombres por temor a represalias, señalaron que en 2009 el terreno era ocupado por algunas familias, pero que en los dos o tres últimos años, ese descampado se superpobló con casas de material y ahora viven allí 200 familias.
Plantean que la inseguridad merodea sus hogares y por eso se levantaron largos muros de hasta 3 metros de altura para separar las jurisdicciones, quejándose que la Municipalidad, que comanda Omar Parisi, pecó de inacción, permitiendo ese crecimiento urbanístico que no estaba en los planes de quienes adquirieron lotes y levantaron viviendas de primera categoría.
"Nuestras primeras quejas -contó alguien de Las Colinas- no fueron atendidas por los organismos de Estado, como la Onabe (administradora de los bienes ferroviarrios), ya que por ahí pasa la vía del ex Trasandino, ni por el municipio y otras reparticiones oficiales".
Por medios extraoficiales se supo que un particular compró la propiedad en una quiebra, a sabiendas de que había intrusos. "En 2009 nos reunimos con Parisi, funcionarios nacionales y la Policía, pero nada prosperó". Consultado el jefe comunal, señaló que está impedido de actuar porque es un conflicto entre particulares: el dueño del inmueble y quienes lo ocuparon. "Me avine a recolectar la basura, para no crear un problema de salud para el resto de la población, ya que se hacía quema de residuos".
Los vecinos de Valle Encantado reconocieron su posición irregular pero al mismo tiempo afirmaron su firme postura de permanecer allí, "porque en algún lugar tenemos que vivir", dijo Patricia Velázquez. Además negaron enfáticamente tener actitudes ilícitas. "Somos trabajadores; las mujeres en el servicio doméstico y los varones en atención de jardines y albañilería; algunos señores de los que nos critican, nos ocupan", sostuvo Juan C. Cuello, uno de los pocos empleados municipales.
Los "ilegales" añadieron varios puntos: que son unas 200 familias, que 80% tiene nacionalidad peruana; que saben de su ubicación fuera de las normas, pero que ante el aumento de los alquileres y la imposibilidad de entrar en planes oficiales de vivienda, ocuparon el predio. Asimismo, afirmaron estar en proceso de legalizar su radicación en la provincia. También señalaron que la irrupción comenzó a partir de 2005, luego de realizar una amplia limpieza de lo que era "un descampado lleno de malezas, alimañas y roedores".
Como la Municipalidad no los puede atender oficialmente, iniciaron tramitaciones y consiguieron la luz (a través de Edemsa), mientras que el agua se las proveen vecinos de las cercanías. A través del municipio, consiguieron abrir un comedor comunitario.
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