El Concejo Deliberante fue el receptáculo del conflicto que mantiene la Municipalidad capitalina con la empresa 9 de Julio, a cargo de la recolección de residuos en San Miguel de Tucumán. 

Ricardo Otrino, gerente de la firma, reclamó en la semana una deuda de $ 96 millones a la Intendencia. El intendente, Germán Alfaro, desestimó el pasivo. “No me voy a dejar extorsionar por la empresa 9 de Julio”, había desafiado el jefe municipal.

En el Concejo, la puja tuvo su capítulo entre los ediles del Frente para la Victoria (FpV) y del Acuerdo para el Bicentenario (ApB), cercanos a la gestión del intendente.

El edil Raúl Pellegrini (UCR) defendió la postura de Alfaro, y culpó a la empresa de brindar un servicio deficiente. “La empresa 9 de Julio trabaja en Rosario, Mar del Plata y en nuestra ciudad. Sus problemas financieros no son culpa de Tucumán, porque el municipio viene pagando en tiempo y forma el contrato”, respaldó el radical. “El contrato con la concesionaria de la recolección de la basura ronda los $ 200 millones: es uno de los más caros de la Municipalidad, No vamos a permitir que los vecinos tengan que hacerse cargo de los problemas financieros de la empresa”, arremetió el concejal.

“Le queremos pedir al intendente que asegure la recolección de la basura en la ciudad y que no empiece a echar la culpa a terceros”, recomendó el concejal David Mizrahi (FpV). El edil pidió que se garantice el orden para poder llevar adelante el Congreso Eucarístico y los festejos por el Bicentenario de la Independencia sin inconvenientes. 

Desde la compañía habían indicado que el panorama económico comenzó a complicarse durante los últimos meses de gestión del intendente Domingo Amaya, cuando comenzaron a recibir como pago cheques diferidos.