El dictamen emanado desde el Juzgado de Primera Instancia Nº 1 en lo Civil, Comercial, Familia y de Minería, notificó a Alberto Enrique Marucco responsable de Derechos Humanos y a José Raúl Santibáñez, titular de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, y al gremio Adosac, a los efectos de que se lleven a la práctica todos los mecanismos necesarios para garantizar el pleno goce de los derechos establecidos constitucionalmente, para la educación de los chicos.

Esta es la primera vez que un dictamen de este tipo tiene el visto bueno de la justicia santacruceña.

El magistrado contaría con 7 días hábiles para resolver que medida emitirá, y no se excluye el hecho de impedir que los docentes efectúen paros y de instar a ambas partes a sentarse nuevamente a negociar.

Derechos

El amparado, en su presentación, indicó que el sindicato docente "tiene la posibilidad de discutir en paritarias todas sus cuestiones y condiciones laborales y no pueden ni deben atropellar los derechos constitucionales de los niños al no dictar las clases como corresponde".

Respecto a la intervención del Estado a través de la Secretaría de Derechos Humanos, expresa que "no está cumpliendo con el papel preponderante que le corresponde en este conflicto, toda vez que entre sus funciones debe: "intervenir en casos de violaciones a los Derechos Humanos y garantizar el pleno desarrollo, ejercicio y goce de los mismos y de la igualdad de oportunidades".

Asimismo, y respecto a Trabajo y Seguridad Social, en su presentación Varela considera que "no actúa en consecuencia a pesar de tener todas las herramientas para hacerlo".