Aunque no hay arreglo entre Gobierno y choferes, a partir del lunes y en forma paulatina el servicio de transporte público del Grupo 2 que recorre Guaymallén quedará en manos de Maipú SRL, la empresa que ganó la concesión del servicio. El único punto de conflicto en el proceso de traspaso se centra en la resistencia de un grupo de choferes a cambiar de patrón. Insisten en permanecer trabajando para el Estado y se niegan a formar parte de la plantilla de personal de la empresa que ahora controlará el servicio.

El viernes los empleados, encabezados por la secretaria general de ATE, Raquel Blas, mantuvieron una reunión con el ministro de Infraestructura, Francisco Pérez, pero no hubo ninguna posibilidad de arreglo.

Este sábado se concretará el traspaso formal en un acto encabezado por el gobernador Celso Jaque, que se hará en el Predio de la Virgen, en Guaymallén. Con esta acción se pone fin a casi seis años de intervención del Estado en el manejo de la empresa, que se inició en setiembre de 2005.

El lunes arrancará el servicio con 25 unidades nuevas que cubrirán la zona de Corralitos en los recorridos y horarios habituales, explicaron desde el ministerio.

Progresivamente en las próximas semanas se incorporarán el resto de las unidades nuevas, a un promedio de 5 por semana, según los cálculos oficiales.

El conflicto con los empleados

Pese a que el conflicto con los empleados no se ha resuelto, las dimensiones del mismo se han reducido porque mientras en un principio eran casi todos los choferes los que manifestaron intención de quedarse en el Estado, con el transcurso de los meses sólo quedó un pequeño grupo sosteniendo el pedido.

De un total de 190 choferes que trabajan en el Grupo 2, 130 firmaron el reclamo administrativo para seguir en el Estado, pero ayer el propio gremio confirmó que son entre “20 y 40” los empleados que insisten en el planteo inicial, mientras el resto reconsideró la posición dispuestos a convertirse en empleados privados.

El Gobierno se mantiene firme en la postura de impedir el pase a la planta de estado basándose en la premisa de que el convenio colectivo de trabajo que se firmó en el momento durante la transición de la empresa, en el 2005, es de carácter privado. El jefe de la cartera de Infraestructura defendió la postura oficial: “Lo hemos expresado claramente, los trabajadores están bajo la órbita de un contrato privado, no son agentes estatales, y hoy hay una imposibilidad legal para que queden en el estado. De todas maneras nosotros hemos garantizado a través de las condiciones establecidas en el pliego de concesión que se le van a respetar con el nuevo concesionario todos los derechos laborales, el salario, la antigüedad y todos los ítems que hoy están cobrando. Además, se agregó la posibilidad de que cobren triple indemnización por despidos sin causa. Nosotros estamos garantizando el derecho a continuar trabajando en las mismas condiciones, y en caso de que haya un despido injustificado se deberá pagar la triple indemnización”.

Pero para los empleados todavía hay posibilidades legales para insistir en el traspaso. “Los compañeros tienen derechos adquiridos por trabajar en el Estado y, de hecho, en su momento firmaron declaraciones juradas para quedarse bajo este sistema, algo que no se ha tenido en cuenta”, planteó la dirigente de ATE Blas tras la infructuosa reunión.

Los empleados aseguraron que preparan acciones judiciales y no descartan realizar medidas de fuerza sorpresivas para dar a conocer su reclamo.