Una pericia caligráfica que encargó el Concejo Deliberante confirmó que la factura que llegó a la Justicia y que originó la ya famosa "causa de los criollitos" fue adulterada, aunque quien falseó el importe sería la misma persona que emitió la boleta original. Lo que concluyó la técnica que realizó el informe es que el importe original que se escribió en el talonario fue 12 pesos y que, posteriormente, con la misma letra se agregó un 3 adelante y se escribió en letras "trescientos doce pesos".

La escritura es la misma pero los trazos no se hicieron en el mismo momento. Esa es la conclusión principal a la que arribó María Belén Megale, la perito contratada por la presidencia del Concejo Deliberante. El dato fue confirmado por Enrique Magoia, secretario del Legislativo.

Cuando se hizo la compra de los criollitos, el original quedó en manos del bloque oficialista. Al principio, ese original decía 12 pesos. Un duplicado con la misma cifra quedó en manos de la panadería proveedora. Pero, en algún momento posterior, a la boleta que estaba en la bancada de Río Cuarto para Todos se le agregó un 3 al importe y una leyenda que no aparece en el duplicado: "trescientos doce pesos".

Lo curioso es que, según la perito calígrafa, las dos escrituras pertenecen a la misma persona. Ahora, con esa conclusión entre manos, el Concejo Deliberante convertirá la investigación inicial en un sumario en el que se buscará establecer responsabilidades. Magoia manifestó que se buscará determinar si quien falseó la boleta fue personal del Legislativo.

- Entonces, la pericia indica que la factura fue adulterada por la misma persona. Es decir, se le agregó la leyenda "trescientos doce pesos" y el 3 en número, le preguntó este diario a Magoia.

- Eso es lo que surge de la pericia; que la misma persona confeccionó toda la factura en tiempos distintos. Lo que hay que averiguar ahora es quién fue la persona que lo hizo. Nosotros podemos investigar dentro del Concejo y lo vamos a hacer.

Por la "causa de los criollitos", que está investigando el fiscal Julio Rivero, están imputados el jefe del bloque oficialista, Gustavo Segre, y su secretaria, Verónica Abasolo, que estaba a cargo de la caja chica. Están sospechados de los delitos de uso de documento privado adulterado agravado y de intento de fraude en perjuicio de la administración pública agravado.

Cuando el caso se denunció a la Justicia, el 22 de octubre de 2009, el Concejo inició su propia investigación administrativa. Posteriormente, encargó una pericia caligráfica para confirmar si, tal como denunció la Subdirección de Presupuesto, la factura había sido adulterada.

Uno de los argumentos que llevó Abasolo ante el fiscal Rivero señalaba que había pagado 312 pesos por el consumo mensual de criollitos que había hecho el bloque.

Sin embargo, la pericia ahora siembra dudas sobre esa versión porque demuestra que, originalmente, la factura que salió de la panadería decía 12 pesos. Y recién en algún momento posterior se le agregó un 3.

-¿La pericia quiere decir que la adulteración se hizo en la panadería?, se le preguntó al secretario del Concejo

- No. No podemos decir eso. Puede haber ocurrido en la panadería, puede haber ocurrido aquí. Ahora tenemos que determinar a quién corresponde la letra. Nosotros no podemos ir a investigar a la panadería; esa es una cuestión que está en manos del fiscal. Nuestra investigación va a ser interna y vamos a procurar identificar al autor de la letra. Es decir, ahora tenemos que avanzar y de una investigación sumaria se pasará directamente a un sumario. Vamos a ver si tenemos otros elementos para poder comparar la grafía de la factura que se considera adulterada.

El lunes, los abogados del Poder Legislativo le presentarán al fiscal Rivero los resultados de la pericia. Sin embargo, como es un estudio particular, no tendrá validez como prueba en la causa sino sólo como un aporte particular, según manifestaron en Tribunales.