La gestión de Felipe Solá al frente de la Gobernación bonaerense tiene muchos “hitos” memorables. Sin embargo, una de las principales características de la administración de uno de los PJ anti K (en ese entonces PJ muy K) que busca calzarse el traje de presidenciable fue el festival de contrataciones directas que se producía en cada área de su gobierno. Ayer se conocieron nuevas irregularidades: por la compra de huevos, frutas y verduras para diferentes unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) se generó un perjuicio al Estado de más de 600 mil pesos.

Los hechos difundidos ayer a través del Boletín Oficial datan de 2004 e involucran a tres funcionarios del SPB que, según fuentes consultadas por este medio, ya no se encuentran en actividad.

La dirección de Sumarios de la Contaduría General confirma en la publicación que hubo un “perjuicio al fisco” por el “pago de precios excesivos” en diversas contrataciones directas. Las investigaciones arrojan como resultado la compra de provisiones a precios escandalosos y señala que, a través de un proceso excepcional (la contratación directa), se efectuó un pago excesivo, en comparación con órdenes de compra anteriores que demostraban precios más ajustados a la realidad, lo que marca la desprolijidad con la actuaban.

El primer informe revela que tres órdenes de compra para “CLI Distribuidora SRL”, “Enzo Iannone” y “Giaver SA” ocasionaron un perjuicio de $ 287.045,93. En tanto, la segunda instrucción desnuda que en otras dos -otra vez en favor de “Enzo Iannone” y “Giaver SA”- el daño económico fue de $ 335.550,75. Entre ambas el resultado es alarmante: se pagaron por encima de lo debido $ 622.596,68 en huevos, papas, frutas y verduras.

Los funcionarios sumariados son Marcos Daniel Fernández, quien por ese entonces era jefe del departamento de Provisiones y Almacenes, y Oscar Raymundo Fueyo, director de Administración del SPB, quien ostenta una extensa y polémica carrera en la gestión pública, con varias vinculaciones a irregularidades.

También quedó involucrado Adalberto Richiusa, quien sucedió a Fueyo en el cargo cuando éste presentó su renuncia en 2004. Si bien las órdenes de compra se realizaron bajo el mandato de Fueyo, su reemplazante autorizó las ampliaciones y prórrogas, por lo que también fue sindicado como responsable por el millonario perjuicio. Richiusa tampoco puede mostrar con orgullo un historial muy limpio. En mayo de 2004 se detectó que a los presos de la Unidad 24 le daban leche de uso industrial, altamente nociva para la salud. Inmediatamente se ordenó retirarla de esa unidad, pero en todas las demás se siguió utilizando. Lógico, se pagaba como leche normal, aunque era sustancialmente más económica.