En el caso de Tarquinus, se unificó la pena en tres años de cárcel, ya que se tomó en cuenta una condena previa que pesaba en su contra.

Fueron hallados responsables de " privación ilegítima de la libertad " agravada, por tratarse de autoridades judiciales, en perjuicio del fiscal Carlos Lemble y el juez Rafael Oleaga, en el marco de los disturbios producidos en la marcha por el esclarecimiento del crimen de Gonzalo Ferretti.

El Tribunal resolvió además que se investigue al actual concejal vecinalista Eduardo Sage, ante la posibilidad de que haya incurrido en falso testimonio en su declaración.