Así lo dispuso un tribunal arbitral al que, a instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se sometieron tanto la República Argentina como los familiares de la víctima.

El hecho que dio lugar a la intervención de ese tribunal ad hoc se produjo el 17 de octubre de 1991. Ese día, el joven Fernando Giovanelli fue detenido por efectivos policiales, torturado y asesinado por efectivos policiales en Quilmes, de acuerdo a lo que consta en el expediente judicial. La detención se produjo cuando se dirigía a atender a un familiar y el cadáver de Giovanelli fue abandonado frente a un barrio de emergencia.

El tribunal fue creado para la determinación de las reparaciones pecuniarias en el caso Giovanelli contra la República Argentina. Integrado por los árbitros Fabián Salvioli, Oscar Schiappa'Pietra y Ricardo Monterisi, dio por probado en su fallo que en la investigación de la muerte de Fernando Giovanelli, la actividad del entonces juez de primera instancia, Carlos Rousseau, estuvo "inequívocamente dedicada a lograr la impunidad de los hechos", y que su accionar "constituye un intolerable apartamiento de la augusta misión confiada a los jueces, provocando a la par un daño evidente del servicio público".

El Tribunal dio lectura pública de su decisión en la mañana de ayer, en la sala del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.

El Estado Argentino, que reconoció responsabilidad en los hechos en un proceso de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, deberá cumplir con lo dictado por el Tribunal dentro de los tres meses de aprobado el laudo por parte del mencionado órgano internacional.

RECORDANDO EL ASESINATO:

FERNANDO HORACIO GIOVANELLI tenía 29 años de edad cuando el 17 de Octubre de 1991, salió de su casa, ubicada en pleno centro de la ciudad de Quilmes (Provincia de Buenos Aires), para dirigirse a la casa de unos parientes, situada a unas 15 cuadras de su vivienda, con el fín de atender a uno de sus tios que se encontraba en estado de invalidez. A escasos metros de su casa, en la intersección de las calles 25 de Mayo e Hipólito Irigoyen, Fernando es detenido por un móvil policial perteneciente a la Comisaría 3° de Quilmes de la Provincia de Buenos Aires. Los agentes policiales al detenerlo le solicitan que se identifique con sus documentos personales, situación que resulta imposible ya que Fernando no los traía consigo. Ante esta situación, Fernando discute con los agentes policiales, quienes lo arrestan y trasladan en un móvil sin identificación policial hasta la sede de la Comisaría Tercera de Quilmes. Fernando es brutalmente golpeado en dicha sede policial, sita en 12 de Octubre y Gran Canaria, y de allí es trasladado hasta la ubicación del Puente 14 de Agosto (Partido de Quilmes), a pocos metros de la Comisaría. Fernando es arrojado a la vereda y asesinado por uno de los agentes policiales con un disparo de arma de fuego en su cabeza (con ingreso en el lóbulo de la oreja izquierda). Posteriormente su cuerpo es trasladado, hasta la zona conocida como "Villa Los Eucaliptos". Ubicada en la Avda. La Plata de Quilmes, lugar que si bien es lejano, respecto de dicha comisaría, igual pertenece a la jurisdicción de Quilmes. El cuerpo es arrojado aproximadamente dos horas y media después de su muerte, frente a la citada "villa miseria", el mismo aparece en la vereda de la vivienda identificada con el N° 52 de la referida Avda. La Plata, entre las calles Jujuy y Lamadrid. La causa judicial recae en el juzgado del Dr. Carlos Armando Luis Rousseau, juez cuestionado por el caso Budge de Lomas de Zamora. En las autopsias practicadas se demuestra que la víctima recibió torturas antes de morir. La inacción de la justicia y el encubrimiento policial para ocultar pruebas hicieron que en más de 9 años no se llegara a ningún resultado. Ante tal situación, COFAVI presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con fecha 5 de Junio de 2000 una denuncia contra la República Argentina. La misma lleva el N° 12.298 y fue declarada admisible ese mismo año. En la actualidad, y bajo el auspicio de la CIDH, familiares de la victima y representantes del Estado argentino llevan adelante conversaciones dentro del marco de un proceso de solución amistosa.