El pasado 9 de marzo, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Minería Nº 5 falló obligando a la comuna a pagar casi 500 mil pesos. El caso podría guardar relación con la investigación penal sobre incorporación al mercado inmobiliario de manera irregular de lotes con deuda municipal. La sentencia del juzgado civil -a cargo del magistrado Emilio Riat- determinó que el Estado municipal deberá abonar a Mabel Noemí Mazzuchelli la suma de 498.538 pesos, por encontrarla responsable de los perjuicios ocasionados por una fallida subasta, llevada a cabo en el marco de una ejecución fiscal que no cumplió con los pasos de notificación correspondientes.

Mazzuchelli -receptora de los derechos de la compradora en la subasta- no logró tomar posesión efectiva del terreno -cuya ubicación y características el fallo no especifica- ya que un fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) anuló la actuación administrativa municipal y la posterior subasta. Ante esta situación, la perjudicada inició acciones legales contra el Municipio por 322.869,56 pesos "para indemnizar los perjuicios sufridos por la nulidad del procedimiento desde la intimación de pago efectuada irregularmente bajo responsabilidad de la ejecutante en un inmueble baldío".

Efectivamente, según la sentencia -a la que accedió ANB- todo el proceso analizado por el juez Riat permite demostrar que las notificaciones por el incumplimiento de pago de Tasas a la propietaria original del lote se efectuaron en un domicilio inexistente -un baldío-, cuando en realidad de los actos analizados se desprende que el municipio conocía o detectó el domicilio real de la persona física a notificar.

Para el magistrado del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Minería Nº 5, la intimación de pago se efectuó de manera irregular "con culpa grave o dolo ya que (el municipio) conocía el domicilio de la ejecutada tal como lo demuestra la correspondencia que le enviaba, al margen de que intervino un oficial de justicia 'ad hoc' del propio municipio, quien además incurrió en falsedades porque hizo constar que el domicilio estaba 'cerrado y/o desocupado' cuando se trataba de un baldío, al margen de otras notificaciones posteriores donde consignó falsamente que hizo llamados y ubicó un domicilio".

Así, el caso podría encuadrarse en un marco de operaciones realizadas desde la municipalidad -hoy también investigadas por el fuero penal- en el que se procedía a la detección de inmuebles con deuda para incorporarlos al mercado inmobiliario, impidiendo que los originales propietarios de los lotes sean notificados de la inminencia de la ejecución fiscal.

La subasta irregularidad -realizada en 2007- corresponde en el tiempo con la gestión del ex intendente Alberto Icare, o de algunos de los períodos de interinatos por su enfermedad.

Tras un extenso análisis de la prueba, y la recepción de variados testimonios, el juez Riat consideró en su fallo que el monto global de los daños producidos a Mazzuchelli deben valuarse en 498.538 pesos, derivados de la diferencia entre lo pagado en la subasta y el valor real -de mercado- del inmueble. La compradora en subasta pagó 140 mil pesos, mientras que los peritos determinaron que el lote tiene un valor de 136.350 dólares, es decir 529.038 pesos. La diferencia de 389.038 pesos, así como los 97.047 pesos por intereses desde la subasta hasta el fallo -9 de marzo pasado-, y gastos de defensa u otros menores, suman el total de casi 500 mil pesos que deberán ser abonados por el municipio.

El fallo estipula que dicha cancelación debe producirse en diez corridos, bajo apercibimiento de ejecución. La sentencia fue apelada por la Asesoría Letrada del Ejecutivo el pasado 12 de marzo. En tanto, desde el área de Economía municipal se informó a ANB que no existe orden administrativa alguna de pago de ese monto y por ese concepto.

El propio secretario, Federico Lutz, recordó que el presupuesto reconducido de 2009, incluye una reserva del 1,4 por ciento del total del Presupuesto para el pago de fallos judiciales contrarios.(ANB)