Las irregularidades en la Unidad de Detención 11 parecen no tener fin. Esta vez se detectaron salidas sin autorización judicial de un preso condenado por abuso sexual. Bajo custodia, el interno pudo salir al menos en tres ocasiones de forma ilícita con la complicidad policial de personal a cargo de su traslado. En una de ellas, terminó comiendo un asado con su madre en Senillosa.

Efectivos de la División Judicial de esa cárcel hicieron conocer las irregularidades al jefe de la Unidad, Claudio Pérez, el pasado 30 de mayo. El comisario inspector dispuso entonces iniciar una investigación administrativa preliminar el 3 de junio para establecer responsabilidades, y aunque sabía del asunto, cuando la Cámara en lo Criminal Primera lo citó a una reunión para que dé una explicación, en presencia del juez Andrés Repetto, de su secretaria y prosecretaria, negó rotundamente que el preso haya salido del penal sin permiso de la Justicia.

Incluso, ante los funcionarios judiciales llamó a distintas oficinas de la unidad carcelaria para corroborar que el preso no haya salido en ninguna otra ocasión que las autorizadas por la Justicia.

El encuentro tuvo lugar el pasado 20 de septiembre, dos días después de la casi inverosímil fuga de Luis Aboy, el hombre condenado a prisión perpetua por los crímenes de Olga y Teresa Buamscha.

Los dichos de Pérez quedaron plasmados en un acta. Luego, la Cámara pidió copia de la actuación administrativa en curso para conocer los motivos. El extenso documento, de dos cuerpos, llegó ayer y causó inusitada sorpresa.

No sólo existe registro detallado de las irregularidades cometidas por la División de Traslado, con informes y declaraciones testimoniales de varios policías que son coincidentes entre sí, sino que de la lectura del expediente surge claramente que Pérez mintió cuando compareció ante la Cámara Criminal Primera, de la cual depende el interno en cuestión. Sus dichos contradicen de lleno la prueba incorporada a la causa, que derivó en dos sumarios.

Sumarios

El viernes pasado, el subjefe de la Policía Adolfo Liria ordenó que se investigue al subcomisario José Leonardo Correa y al sargento ayudante Gabriel González.

Al primero, por la posible transgresión a una falta grave que se tipifica en el artículo B-2-2 del Reglamento del Régimen Disciplinario de la Policía: “No mantener la debida disciplina con el personal a sus órdenes o no controlar adecuadamente sus servicios”.

Al segundo, por la presunta comisión de la falta prevista en el artículo A-2-6, que se califica en el reglamento como “gravísima”. Esto es que “todo acto que importe un incumplimiento de los deberes generales o propios del cargo que desempeña el personal o constituya un menoscabo para la disciplina, la investidura policial o la Institución”.

González habría sido el efectivo que trasladó al condenado sin la autorización judicial que corresponde.

De acuerdo a la declaración de un testigo, que dijo que el interno fue trasladado de forma irregular y sin autorización de la Cámara de la cual depende, el suboficial a cargo de la División Traslado es González y Pérez la supervisa directamente.

Más allá de las fallas administrativas, la copia de las actuaciones será remitida a la Fiscalía de Cámara para que investigue la posible comisión de un delito penal. Para fuentes judiciales consultadas por La Mañana de Neuquén, el abanico de responsabilidades “debe ser más amplio”.

Salidas

De la investigación se desprende que el pasado 19 de marzo la Cámara autorizó el traslado extraordinario del interno a la casa de su madre, para que la visite por única vez y por el lapso de cuatro horas. Pero la visita se concretó dos veces, una de ellas sin la debida autorización judicial.

El 5 de abril la Justicia ordenó que el personal policial lo traslade hasta el Registro Civil de Senillosa para que inscriba a su hija. Ese día, el condenado por abuso sexual terminó comiendo un asado en la casa de su madre. Tres días después volvieron al Registro Civil, y en esa salida visitó a su mujer sin permiso de la Justicia.

A esto se añade otra irregularidad que quedó en evidencia el 16 de abril cuando el preso preguntó por el sargento González en la Oficina Judicial porque le tenía que traer paquetes de tabaco que le mandaba su señora.

Uno de los testigos declaró que le pareció “extraño que la esposa del interno le alcance bolsas al sargento González”. Es que los “pases” de elementos estarían prohibidos.

El testigo dejó en claro que “todos sabemos que para sacar un interno de la unidad debe estar debidamente autorizado por la sede judicial de la cual depende”.