Una dura condena recibió el Hospital Neuropsiquiátrico Carlos Pereyra en los últimos días. La Justicia ordenó que indemnice a los padres de una joven que falleció en los primeros días de 2008 a causa de un caso de mala praxis. Entre los progenitores de la víctima fatal hubo acusaciones cruzadas.

La situación comenzó el última día de 2006, cuando cerca del mediodía personal policial de la Comisaría 10 de Maipú decidió llevar a Estefanía Inés Llobell a dicho nosocomio. La progenitora manifestó que la joven de 20 años presentaba una crisis nerviosa y había manifestado su intención de quitarse la vida.

Los policías se comunicaron con el Sexto Juzgado de Familia, que ordenó que la joven sea trasladada al nosocomio ubicado en calle Ituzaingó. El médico de guardia realizó un diagnóstico y ordenó la internación de la muchacha, hecho que se consumó cerca de las 17.

Los profesionales del establecimiento le colocaron un sedante en forma intramuscular, pero como no se calmaba le administraron dos medicamentos más en menos de una hora, situaciones que no quedaron consignadas en la historia clínica.

Estefanía padecía diabetes y era insulino dependiente, por lo que requería cuidados especiales. El médico que la recibió en la guardia consignó esta situación y ordenó una dieta especial. Sin embargo, durante su internación los enfermeros no realizaron el control de glucemia que se debe hacer cada 6 horas.

Además, los empleados del hospital no tuvieron en cuenta que los valores de glucemia iban a descender más de lo esperado ya que la joven había sido sedada y no había ingerido alimentos desde el momento de su internación hasta el mediodía del día siguiente.

Por esta situación, la paciente sufrió un cuadro de hipoglucemia severa que le produjo daño cerebral y la indujo en un coma. Inmediatamente fue trasladada al Hospital Central el 1 de enero de 2007. En ese efector público estuvo agonizando en terapia intensiva hasta que cuatro días después perdió la vida por un paro cardiorrespiratorio.

La jueza civil Érica Deblasi recibió la demanda y ordenó al hospital, y en forma subsidiaria al Gobierno de Mendoza, que indemnicen al padre de la joven con 250 mil pesos y a su madre con 240 mil.

“Existen elementos suficientes que me permiten tener por acreditado el daño causado a los Sres. Luis Alberto Llobell y María Inés Pontoni, por el actuar del equipo de enfermeros y el médico que en oportunidad atendieron a su hija”, estimó la magistrada.

Cruce entre los padres

Si bien la demanda llegó unificada al Juzgado Civil, cada uno de los padres comenzó las acciones legales por su lado, ya que están separados. Curiosamente el progenitor de la joven que estudiaba Comunicación Social inició la demanda apuntando también contra su expareja.

El hombre sostuvo que la madre de la menor “se presentó en la Comisaría y denuncio falsamente que su hija se había tornado violenta provocando destrozos en su vivienda, amenazando al hijo de su concubino de seis años de edad”.

Sin embargo, la Justicia desestimó la presunta mala intención de la progenitora y unificó los expedientes de los progenitores apuntando contra el Hospital Pereyra