La medida la tomó un Juzgado Civil en lo Comercial de Capital Federal. La Provincia está entre sus acreedores.
La novedad aún no se sabe qué alcance tendrá sobre el gobierno provincial, ya que la empresa dejó una deuda de más de 23 millones de pesos, por un crédito que tomó en 1993, cuando construyó la multitrocha Neuquén-Centenario.
La convocatoria se publicó el 2 de marzo pasado y hasta el 12 de abril se extendió el tiempo para que los acreedores presenten las peticiones de verificación y los títulos justificativos de sus créditos ante el síndico.
El gobierno provincial, mediante el Decreto 953/10, estableció un nuevo régimen tarifario que llevaría el peaje un 250% más de su valor actual. La medida fue suspendida por todo febrero de este año por el Gobierno, aunque todavía no se aplica.
La iniciativa alcanzaría solo a las categorías 1 y 2 y quedarían excluidos los habitantes de Centenario y Vista Alegre. Distintas organizaciones sociales y políticas, como el Movimiento Antipeaje de Centenario calificaron la medida de inconstitucional, y exigieron el levantamiento del cobro.
“El caso de Caminos del Comahue es parecido al de Corredores viales del Neuquén, son empresas de responsabilidad limitada, que sólo responden con la liquidación de sus bienes o capital. Como son empresas insolventes o, con solvencia insuficiente para pagar las deudas millonarias que contrajeron con la Provincia, ese dinero nunca se podrá recuperar”, explicó el abogado Luis Virgilio Sánchez, quien demandó al gobierno provincial por el tema del peaje.
Sobre el peaje pesan varias denuncias. Una medida sumarísima civil y de consumo interpuesta por las asociaciones que representan la Defensoría del Vecino de Neuquén y otra penal contra el gobernador Jorge Sapag, hecha por el abogado Sánchez.
“Este es el esquema de defraudación pública que hemos denunciado y que involucra al gobernador de la provincia”, dijo el abogado.
A su vez, el Tribunal Superior de Justicia hizo lugar en forma parcial a una medida presentada por Caminos del Comahue, a la que le reconoce una compensación económica por haberse sometido a una reducción tarifaria por decreto de entre 30 y 50 por ciento, en el gobierno de Jorge Sobisch.


Comentá la nota