"Vamos a hacer hincapié en la democratización del Poder Judicial. Entendemos que este es uno de los desafíos que tiene la democracia argentina; poner la Justicia al servicio de los sectores que la necesitan. Eso en el marco de la plena vigencia de las normas de derechos humanos que rigen en Argentina", afirmó el doctor Guillermo Torremare, en el marco de un plenario de políticas públicas para la provincia de Buenos Aires que se llevó a cabo el sábado en el Centro Cultural Tres Arroyos. El anfitrión del encuentro fue el ex senador provincial Roberto Fernández.

"Los que estamos todo el día trabajando en la calle vemos que las falencias existen, que los accesos como por ejemplo a la justicia son difíciles, no están en manos de todos", explicó Torremare, quien también es dirigente socialista. Al respecto, sostuvo que "hay temas que son indefendibles que tienen que ver con la lentitud, con las limitaciones económicas de mucha gente para hacer valer sus derechos".

En este contexto, señaló que "poner todo esto en discusión y generar propuestas para avanzar siempre en una mejor calidad de vida y mejor goce de los derechos de la gente nos parece muy interesante".

Torremare consideró que "la Justicia permanentemente ha estado sacralizada en la Argentina", y que "tenemos una gran parte del Poder Judicial conformado por jueces nombrados en épocas de la dictadura militar, todavía". Y puso de manifiesto que se trata de "una motivación que lanza la Presidente de la Nación y me parece que es tiempo de que estas cosas se pongan en discusión. Venimos de muchos años donde de determinadas cosas no se hablaban", observó.

Valoró "el espíritu amplio, pluralista y participativo" del encuentro llevado a cabo en el Centro Cultural, sobre lo cual expresó que "nos desafía a todos a ser sinceros con nuestras organizaciones, a proponer políticas públicas, a participar para generar el entusiasmo en la política y en revertir las situaciones con las que no estamos contentos", concluyó.

Para reflexionar

También formó parte del plenario Graciana Foulkes, militante por los Derechos Humanos, quien concurrió a la mesa de discusión para "reflexionar y pensar sobre los logros de este gobierno que han sido muchos en este área. Pero también sobre puntos que en la Provincia de Buenos Aires encuentran cierta debilidad como la falta de trabajo y ver qué podemos proponer al respecto. Quizá no podamos cerrar hoy una gran propuesta pero sí profundizar sobre lo que no anda bien, según nuestra opinión".

"Objetivos concretos"

Por su parte, Roberto Fernández señaló que "a través de Unidos y Organizados, en la provincia de Buenos Aires se formó un Congreso en 2011 que tuvo como finalidad elaborar políticas públicas para la Provincia para tratar en la Legislatura y poder avanzar en objetivos concretos".

Fernández puso como ejemplo además a la Policía Judicial, representando otro de los temas alcanzados a partir de lo expuesto en ese congreso.

Posteriormente y a partir de la anterior experiencia, anunció que Torremare será uno de los panelistas de las 12 comisiones que se formarán en un encuentro que tendrá lugar en Banfield el jueves próximo.

En las reuniones de trabajo que se concretaron el sábado último se pusieron en la mesa "las problemáticas que tienen que ver con las políticas públicas de la provincia de Buenos Aires que nos interesan y que queremos que sean tenidas en cuenta".

Ley de Hábitat

Juan Vera, dirigente local del Movimiento de Integración Latinoamericana de Expresión Social (Miles), indicó que "más que nada vamos a trabajar en la comisión de Tierra y Hábitat para darle impulso y cumplimiento a la ley que se acaba de aprobar en la provincia de Buenos Aires, hace muy poco tiempo".

Tiene como denominación Acceso Justo al Hábitat. La finalidad es facilitar la gestión y generación de proyectos habitacionales de urbanización social en la provincia. Además promueve el derecho a la vivienda digna y la generación de proyectos habitacionales, de urbanizaciones sociales y de procesos de regularización de barrios informales, a la vez que propone instrumentos para reducir las expectativas especulativas de valorización del suelo.

La normativa apunta también a la construcción de viviendas sociales y la búsqueda de soluciones al déficit habitacional urbano en la provincia como

uno de sus ejes. Entre sus puntos salientes establece que los grandes emprendimientos inmobiliarios de más de 5000 metros cuadrados deben ceder hasta un 10% del valor total para la realización de planes de vivienda social.

Asimismo prevé un aumento adicional del 50% del impuesto inmobiliario urbano a los baldíos, y una contribución especial para las viviendas o terrenos cuyos valores aumenten como consecuencia de obras o cambios de

zonificación que produzcan los municipios bonaerenses.

Vera subrayó que trabajarán "en una política para toda la Provincia basándonos en el modelo nacional".