En el marco de la Jornada de Reflexión y Debate, desarrollada el pasado Viernes en el ámbito del Servicio Zonal de Promoción y Protección de los derechos del Niño, por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Mar del Plata en relación a la avanzada de algunos sectores y la instalación en la opinión publica de la baja en la edad de imputabilidad; los trabajadores de Niñez vinculados a la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires manifestamos como inaceptable este tipo de planteos cuando observamos que desde la creación de la nueva Ley del Niño (ley 13298 de Promoción y Protección de los Derechos del Niño y ley 13634 de Responsabilidad Penal Juvenil) y el cambio de paradigma hacia el tratamiento de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes como sujetos de derecho NO se ha efectivizado la plena aplicación de la misma. Asimismo observamos que el direccionamiento de esta medida se encuentra ceñido a dar una respuesta a cuestiones de seguridad que muy lejos están de resolver la problemática de nuestra infancia.

Creemos firmemente que el gobierno provincial debe tomar la decisión política de desarrollar políticas sociales que tengan como objetivo saldar el conflicto social emergente brindando las herramientas necesarias para el pleno ejercicio de la Ley, poniendo los recursos en la prevención, promoción y protección de los derechos de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Se hace totalmente necesaria la articulación del trabajo entre la provincia y el municipio y por ende entre los efectores de estos ámbitos, es decir un trabajo mancomunado entre las direcciones de Niñez provinciales y municipales que se traslade a los Servicios Locales, Servicios Zonales, Centros de Referencia e Instituciones Penales y el Poder Judicial, donde sea una directriz el trabajo integral que busque dar respuesta a nuestros niños sin dejar de lado sus familias.

Por lo expuesto, exigimos al Estado provincial la construcción de mayor seguridad para nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes, para nuestros abuelos y abuelas, para la comunidad, es decir para nuestro pueblo, a través la plena aplicación de las leyes 13298 y 13634; y de políticas publicas acompañadas de mayores recursos económicos y humanos en Salud, Educación y Políticas Sociales que dejen de lado la judicialización de la pobreza y criminalización de la protesta social sobre los sectores mas desprotegidos de nuestra sociedad.