Hasta donde se conoce (se trató de proceso licitatorio de muy escasa difusión oficial) la empresa interesada hizo dos propuestas económicas: en una, fija como canon el máximo establecido en el pliego de licitación, es decir el 7%; y en la otra, establece un precio muy por encima de ese techo, pide 8,83%.

Aun cuando en el mejor de los casos el municipio cerrara el negocio aceptando la primera oferta, se está hablando de un contrato multimillonario por 10 años y con posibilidad de prórrogas. Concretamente, con un canon del 7%, en función al nuevo precio del boleto (2.50 pesos ) y proyectando a 120 meses, la concesionaria se llevará alrededor de 310 millones de pesos.

Sin embargo, el problema radica en que existe una diferencia económica entre el porcentaje que hoy se destina del boleto al sistema prepago y el que en un futuro se retendrá, que aún no se sabe cómo se subsanará. Actualmente, y según lo dispone la Ordenanza 11.894, a las prestatarias se le deducen unos 0,158 centavos de los 2,50 pesos de cada boleto, siendo que el nuevo contrato exige una quita de 0,175 centavos, tomando el 7% al que habrá que sumarle el IVA.

Al respecto, tanto Ciudad de Córdoba como Coniferal manifestaron su disconformidad con el canon por considerarlo excesivo y hasta incoherente. “Nunca ese porcentaje puede ser superior al Fondo de Renovación de Unidades por el que hoy se retienen 0,13 centavos. Es una desproporción total”, dijo Horacio Villareal de Coniferal.

Pero, además, las empresas aclararon que de ninguna manera están dispuestas a absorber la diferencia de casi dos centavos que surge de esa ecuación. Es que multiplicados por 17 millones de boletos que se cortan mensualmente, se está hablando de un faltante de por lo menos 340 mil pesos por mes para completar el canon que se le deberá abonar a la futura concecionaria. Ante este escenario no sería de extrañar que sea la propia Municipalidad la que salga a subsidiar esa diferencia que, anualmente, se transforma en una cifra millonaria. Son miles de millones de pesos que seguramente podrían destinarse a mejorar el servicio o a comprar nuevas unidades, por ejemplo. Y ni hablar de lo que esto representa para el caso de la estatal Tamse que, por ser deficitaria, ya demanda subsidios extras.

Pedidos de anulación

Las dudas que giran en torno al desarrollo de esta licitación generaron que ediles de dos bloques de la oposición pidieran la anulación del proceso. Por un lado, la UCR denunció una “carterización” asegurando que resulta sospechoso que sólo se haya presentado un solo oferente y que pide un canon mayor al que se paga en otras provincias. Por eso, el titular del bloque, Marcelo Cossar pidió que se declarare desierta la licitación y se realice un nuevo llamado.

Por otro lado, tras solicitar un pedido de informes a la Secretaría de Transporte, el edil peronista Elvio Sahaspe solicitó directamente al intendente Daniel Giacomino “tenga a bien evaluar la posibilidad de anular la licitación y examinar la idea de devolver el sistema a las empresas a los fines de abaratar los costos”. Considera que el sistema licitado “sobre el que hay un solo oferente que ya demostró su ineficiencia”. Además, dijo que los 310 millones de pesos que se llevará la empresa, equivalen a 607 coches 0 kilómetro de 510 mil pesos cada uno.