Diversas organizaciones de derechos humanos españolas, así como internacionales y familiares de las víctimas del régimen franquista considera insólito que el juez Garzón pueda ser juzgado por investigar las desapariciones de más de 150.000 personas ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura Franquista.

Alegan que la “Ley de Amnistía de 1977” ha sido invocada para perseguir al único juez que ha intentado dar respuesta a víctimas de desaparición forzada y sus familias. Y de esta manera silenciar el reclamo y lucha incansable por la memoria y justicia de las organizaciones obreras, sociales y políticas de izquierda de España.

Si este juicio se produce, sería -según la interpretación de los convocantes- la primera vez en todo el mundo en que un magistrado, en democracia, es sentado en el banquillo por intentar conseguir verdad, justicia y reparación para las víctimas de crímenes internacionales. Además, enviaría un mensaje tremendamente negativo para otros jueces que lo intenten, tanto en España, como en el resto del mundo.

Las normas internacionales de derechos humanos dicen claramente que el crimen de desaparición forzada no prescribe y entorpecer su investigación es un delito, por tanto ninguna “Ley de Amnistía” puede contradecirlas.

La ley de memoria, que debe llenar de vergüenza a España, tiene la clara intención de mantener el modelo de impunidad que se desarrollo en dicho país, igualmente a servido para que aparezca en la superficie las atrocidades cometidas por el franquismo durante la guerra, posguerra y hasta el año 1975 en que muere el temible dictador Francisco Franco.

Hubo un plan sistemático y preconcebido de eliminación de oponentes políticos a través de múltiples muertes, torturas, exilio y desapariciones forzadas -detenciones ilegales- de personas a partir de 1936, durante los años de Guerra Civil y los siguientes de la posguerra, producidos en diferentes puntos geográficos del territorio español, ocasionando más de 152.237 víctimas, luego de terminada la guerra.