“Compartimos cuáles eran las denuncias habituales que llegan a la Oficina, no sólo vinculadas a este tema sino también a vivienda, salud y convivencia familiar, entre otros” puntualizó ayer Myriám Monasterolo, refiriendo que se incluyeron también los alcances de reuniones mantenidas con la Defensa Pública relativas justamente a las manifestaciones recibidas por parte de organizaciones y madres por el tema de las represiones.

En ese contexto, la funcionaria señaló que se acordó con los concejales la posibilidad de un vínculo más frecuente, a efectos de trabajar articuladamente aquellos temas que llegan a la Oficina. Se pretende así avanzar en respuestas para revertir la vulneración de algunos derechos, o evitar que sean afectados otros que actualmente se ven amenazados.

“El Concejo siempre ha apoyado a la Oficina, desde el momento de su creación” sostuvo la funcionaria, señalando que se trabaja con temas muy sensibles que los ediles acompañan de forma permanente.

MAS DENUNCIAS

Con respecto a las declaraciones públicas que tantas repercusiones generaron, Monasterolo señaló que la Oficina registró nuevas denuncias, en función de difundirse que se trabaja sobre tales temas, y animó a aquellos jóvenes y madres que han hecho llegar su testimonio a que se sientan acompañados por la Oficina para radicar las correspondientes denuncias.

Jorge Camarda, presidente de la comisión anfitriona, señaló a su turno que la funcionaria fue invitada a efectos de conocer cuál es la situación y cuáles habían sido realmente las declaraciones que despertaron tal polémica.

“En mi opinión, y en la de la mayoría de los concejales, acá el eje no es el mensajero sino el mensaje” acentuó, significando que cuando este tipo de cosas trascienden es porque algo está sucediendo en la ciudad, máxime teniendo en cuenta la existencia de muchos desaparecidos en hechos que no están resueltos aún, entre los que mencionó como emblemáticos los de Mónica Acuña, Iván Torres y Silvia Picón.

“Es evidente que en tal contexto algunos medios le dieran tanta trascendencia al tema” dimensionó el concejal, aunque aclaró que Monasterolo confirmó que no le consta la existencia de “sótanos” o subsuelos destinados a la tortura, sino que refirió los comentarios de una madre, que informó que su hijo había tenido la sensación de haber descendido a un subsuelo donde se lo sometió a malos tratos.

Indicó entonces que la funcionaria le presentó al cuerpo un informe y subrayó que “fundamentalmente, lo que nosotros queremos es que fiscalía y la defensa pública investiguen estas situaciones, porque es intolerable que en democracia ocurran estas cosas”.

“Todo debe hacerse en el marco de la ley, para eso están las leyes y los códigos de procedimientos” dijo Camarda, que agregó que en ese mismo contexto legal se circunscribe la Oficina de Derechos y Garantías, que recibe muchas denuncias, requerimientos y presentaciones, “a veces en el marco de la angustia de no encontrar respuesta en otro lado”.

En tal sentido, el concejal subrayó que “nosotros defendemos y reivindicamos la Oficina de Derechos y Garantías, y de alguna manera respaldamos al equipo que hoy la conduce, y exigimos investigación y respuesta a la comunidad”.

Respaldo de diversos organismos para Monasterolo

Voceros de organizaciones de la sociedad civil afirmaron ayer que cotidianamente reciben comentarios y testimonios de casos de violencia policial contra jóvenes, pertenecientes sobre todo a los sectores populares. En este marco, respaldaron las denuncias de Miryám Monasterolo, a cargo de la Oficina de Derechos y Garantías de la Niñez, Adolescencia y Familia, al tiempo que indicaron que “la mayoría de estos hechos no se quieren denunciar por temor”.

En el comunicado, firmado por referentes de la Fundación Anahí, la Fundación Crecer, Voluntariado del Hospital Regional, Biblioteca Popular Jaime de Nevares, Iglesia Luterana y Pastoral Social de la Diócesis de Comodoro Rivadavia, se afirma también que en este contexto “vemos cómo iniciativas de prevención del conflicto con la ley y aproximación de la policía a la comunidad, como la Policía Comunitaria, son desaprovechadas y/o desestimadas”.

Asimismo, afirmaron que “muchas veces la opinión pública y los medios hacen un tratamiento del tema efectista, superficial y fragmentado del tema”.

Cabe recordar que el tema de la represión policial si bien no es nuevo, se instaló esta semana después de que Monasterolo realizara declaraciones radiales dando a conocer la existencia de denuncias informales por parte de los padres de seis chicos que aseguran haber estado en espacios no públicos de determinadas comisarías de la ciudad, donde incluso habrían sufrido “apremios ilegales y torturas”.

La funcionaria municipal también aclaró que si bien aún no se presentaron denuncias oficiales, se está investigando al respecto y se espera el testimonio de estos adultos, “quienes pidieron protección ante la Fiscalía por temor a represalias”.

MANDATO FUNDACIONAL

En este escenario, las organizaciones de la sociedad civil afirmaron que hay “una carga importantísima de violencia simbólica instalada en la sociedad, asimetrías económicas exacerbadas, prácticas excluyentes, descalificación de la juventud, ausencia de voces jóvenes en el debate, etc”.

Asimismo, cuestionaron que los temas de políticas para la protección de la niñez, la adolescencia y la familia, “no ocupan lugares visibles en la agenda pública”. Frente a este estado de cosas –afirmaron– “valorizamos la existencia de un espacio institucional que recupere la perspectiva de las personas y familias afectadas y confiamos en que no se lo condene precisamente por intentar cumplir su mandato fundacional, enmarcado en la Ley Provincial de Protección Integral de la Niñez, Adolescencia y Familia Nº 4.347”.