El Concejo Deliberante de Lomas de Zamora se reunió ayer en sesión extraordinaria para elevar varias comunicaciones al Departamento Ejecutivo sobre la situación de los vendedores con puestos en la estación del ferrocarril General Roca -recientemente desalojados-, la muerte de dos trabajadores de la construcción en obras que se realizan en el distrito, y una rectificación de los aumentos de tasas aplicados a un grupo de vecinos de Banfield, que también se vieron afectados con un considerable incremento del impuesto inmobiliario.

Aunque antes de sesionar limaron ciertas asperezas en la reunión de Labor Parlamentaria, la jornada contó con un hecho inusual: los tres requerimientos fueron sancionados por unanimidad, ya que no hubo ninguna diferencia entre los distintos bloques del cuerpo legislativo.

La extraordinaria comenzó tratando el conflicto desatado con los vendedores ambulantes, que fueron erradicados por la municipalidad de la estación de Lomas. El problema comenzó en diciembre, cuando efectivos del Centro de Protección Urbana (CPU) local, comenzaron a expulsar, por etapas, a estos trabajadores que venden su mercadería de forma ambulante o en puestos callejeros en el puente sobre la estación Lomas de Zamora y sus alrededores.

“Entendemos que los problemas se resuelven hablando, pero en este caso necesitamos una solución urgente, ya que son las familias de los trabajadores ambulantes quienes también sufren por la falta de sus puestos de trabajo”, indicó el concejal del Peronismo Federal, Jorge Ferreyra.

Es por eso que recordó que muchos de los damnificados por el desalojo “mantenían desde hace 30 años esos lugares”. “Los problemas se resuelven hablando, pero ahora necesitamos una solución”, enfatizó.

En la misma línea, el titular del bloque ARI-Coalición Cívica, Rosendo Pedernera, observó que “no se pueden esconder a los pobres bajo la alfombra mientras que Las Lomitas está cada día más linda y fotografiada”.

Ante un nutrido público, que aplaudía cada una de las palabras de los legisladores comunales, también se destacó la necesidad de los vendedores ambulantes de tributar al fisco, ya que, si bien algunos de ellos tenían permisos municipales para llevar a cabo su actividad, muchos de los comerciantes trabajaban en la ilegalidad.

“Ellos quieren pagar impuestos y estar dentro del sistema”, aseguró el concejal del LIPEBO, Gabriel Mércuri.

Además, un vendedor ambulante habló ante el Concejo en representación de sus compañeros, y detalló “la dura tarea” que llevan a cabo y el “orgullo” que eso les representa. Es por eso que rechazan la oferta del municipio de pasar a formar parte del staff municipal, ya que entienden que “desangrarían” al Estado, por lo que prefieren “generar sus propios recursos”.

Otro tema que prometía controversias en el recinto fue el tratamiento de otra comunicación al Ejecutivo comunal para evaluar y conocer en qué estado se encuentran las construcciones de nuevos edificios en Lomas, aunque finalmente fue votado por unanimidad.

La inquietud surgió a partir de una denuncia efectuada por delegados del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines (SITRAIC), que reveló que dos obreros habían muerto en lo que va del año en distintas obras que no fueron inspeccionadas debidamente.

Es por eso que el Deliberante se puso de acuerdo sobre el pedido, ya que “la precarización laboral es el principal enemigo de las condiciones dignas de trabajo”, sostuvo Gutiérrez.

Además, el presidente del bloque Frente para la Victoria, Alfredo Fernández, se mostró indignado por el hecho de que en Lomas “haya un boom de la construcción y que los obreros ganen migajas”, por lo que sostuvo como legítimo el pedido de la CGT, dirigida por Hugo Moyano, para que los trabajadores participen de las ganancias de las empresas.

Por su parte, el titular de la bancada del Partido Justicialista, Juan María Viñales, reclamó que “se inspeccionen y sancionen a los que incumplen con las normas del municipio”.

Por último, se elevó el pedido de rectificación que las fuerzas opositoras venían reclamando sobre un aumento en las tasas municipales, consideradas “desmedidas”, por lo que este requerimiento, si es aceptado por el Departamento Ejecutivo, podría retrotraer el monto del gravamen al momento previo al aumento.