Con más de cuatro horas de retraso, pese a que los tratamientos del día estaban confirmados desde al menos un día antes, los ediles comenzaron ayer por la tarde la cuarta sesión ordinaria del año en el cuerpo legislativo de Comodoro Rivadavia, una reunión signada por proyectos tendientes a la revisión del manejo de los fondos públicos.

El primer tratamiento estuvo dado por un pedido de informes que se extiende a lo largo de 16 puntos, y que deberá ser respondido en 7 días hábiles. Tiene por objeto que la titular de Comodoro Cultura o el funcionario que el intendente Martín Buzzi designe, brinde las explicaciones correspondientes a las “irregularidades y desprolijidades” cometidas en el expediente que fundamenta el pago por la proyección del mapping del aniversario de la ciudad.

La requisitoria lleva las firmas de los ediles de la Unión Cívica Radical y el Frente para la Victoria, y aunque Guillermo Almirón (Peronismo Federal) no lo acompañó con rúbrica, señaló en el recinto que consideraba procedente el pedido ante las dudas existentes, y que esperaba que la respuesta llegue con la debida acreditación de responsabilidades de los funcionarios actuantes.

Jorge Camarda (UCR) fue quien fundamentó la requisitoria y recordó que la factura que pretendía abonarse mediante legítimo abono fue emitida el 31 de marzo, más de un mes después de realizado el espectáculo, y se conforma de dos cargos, uno por $325.245 y otro de $106.950 sin mayores precisiones de que el último gasto debe imputarse al cambio de fecha de proyección a raíz de la lluvia. Estas son sólo algunas de las irregularidades que deberán ser respondidas en el plazo que vence el viernes próximo.

“LA PLATA O LOS MEJILLONES”

El debate cobró temperatura al momento de debatir el despacho de mayoría que avaló el rechazo a la cuenta por el ejercicio fiscal 2008, moción aprobada con siete votos, cinco del FpV y dos de la UCR.

Camarda, que además echó en falta las rendiciones correspondientes a 2009 y 2010, señaló que con el tratamiento de ayer se enmarcaba adecuadamente en los lineamientos establecidos por al Carta Orgánica Municipal.

Guillermo Almirón retomó la línea argumental utilizada en diciembre, cuando en el marco de una sesión extraordinaria se había resuelto por mayoría aprobar la misma cuenta de modo parcial, y abrir el juicio de responsabilidades a los funcionarios actuantes.

Sin embargo dio pie a la polémica más intensa, y muchas veces infructuosa, al verter el tema del cumplimiento de plazos, por entender que el cuerpo legislativo debía expedirse al respecto antes del 20 de abril último. Consideró entonces que el cuerpo estaba “errando el procedimiento” y manifestó su convencimiento de que el mismo resultaba “inválido”. Fue hasta tal punto que el edil se retiró del recinto dos horas más tarde para no participar de la votación respectiva.

Camarda replicó que el incumplimiento en los plazos se registró en todas las partes intervinientes, partiendo desde los largos meses de demora que insumió el Ejecutivo para remitir la cuenta al tribunal contralor, y aunque admitió el error en que recayó el Concejo en su tratamiento previo (le dio forma de resolución en lugar de ordenanza, aunque su propio bloque argumentó la necesidad de doble lectura), reclamó que entonces el asesor letrado no advirtió sobre cuál era la corrección del trámite.

Gustavo Reyes (FpV) señaló que mientras los plazos vencidos a los que aludía Almirón estaban dictados por la ordenanza de contabilidad, de 1991, el cuerpo debe asirse de los que determina la Carta Orgánica y preponderante a cualquier otra norma.

Breve y lúcida, pese a las dos horas de discusión, Cristina Ziebart (FpV) resumió el eje en apenas 40 segundos: “¿cómo le explicamos al ciudadano común que por vencimiento de un día, diez o quince voy a convalidar un ilícito, si es que lo hubiera? Y si no, tienen que darse las pruebas de que no existió. Resumiendo: o aparece la plata o aparecen los mejillones”, concluyó, en referencia a que el aporte más abultado de la cuenta observada, estaba destinado a un proyecto de maricultura del empresario González Machín.

Reconocimiento a Marina Langer

De modo previo a la sesión ordinaria de ayer, el Concejo Deliberante celebró una reunión especial destinada a otorgar un reconocimiento a la artista plástica Marina Langer Freile, autora del mural que engalana los muros exteriores de la casa legislativa. El homenaje se extendió además a las docentes y alumnos de la escuela de arte que restauraron la obra en febrero pasado.

La sesión estaba prevista para las 11, aunque registró 50 minutos de demora en el inicio, dada la protesta de los becarios del Sistema de Estacionamiento Medido en las afueras del edificio.

En el contexto de medidas de seguridad, se optó por bajar la persiana del ingreso principal, pero en el fragor del reclamo, algunos jóvenes se asieron con fuerza de la reja, sacudiéndola, lo que ocasionó desperfectos técnicos en la misma y la imposibilidad momentánea de poder abrirla.

Así, en el horario previsto para la sesión homenaje, la casa se encontraba con su acceso principal clausurado, de modo que sólo podían ingresar quienes llegaban con aviso, o conocían de antemano otras puertas de acceso.

Ello determinó que el homenaje fuera sumamente austero en cuanto a presencias de familiares o amigos de los homenajeados.

De todos modos, no fue obstáculo para que Langer, cuyo boceto había ganado el concurso municipal de 1975, recibiera una placa conmemorativa de manos del concejal Guillermo Almirón.

Tres décadas y media después de que la artista se trepara al andamio para plasmar el mural, en febrero pasado, las profesoras Sol Panizza y Carolina Barrientos, junto a los alumnos Luciano Rodríguez, Clelia Alejandra Medina, Almendra Ancalao y Liliana Balmaceda, repitieron la escena para restaurar la obra original, y por ello ameritaron también una distinción legislativa.

La salud sigue postergada

La hora de preferencias del Concejo Deliberante abrió calma, con las efemérides respectivas al aniversario del deceso de Evita, el 7 de mayo, y el día del trabajador, conmemorado el domingo.

La pimienta, como es habitual, la puso el radicalismo en la voz de Jorge Camarda, que introdujo en el recinto la preocupación por la problemática en materia de salud que puso en evidencia el conflicto desatado en el Hospital Regional con los cirujanos, y la falta de atención registrada en algunos centros primarios como el del barrio Pietrobelli entre otros.

“Son problemas reiterados, de los que hemos hablado largamente en el recinto. Estamos por concluir esta gestión, y los problemas siguen”, enfatizó preguntándose cuándo comenzarían a resolverse.

Tras ello, llegó a la conclusión que situaciones como las señaladas no hacen más que hablar de cierto grado de postergación para la ciudad, dado que “no vemos que esto pase en otros puntos de la provincia”.

LA LUPA EN EL USO DEL PREDIO

En esa misma alocución, el radical informó que el cuerpo legislativo devolvería al Ejecutivo el convenio celebrado con el Bureau de Convenciones para el manejo del Predio Ferial, que deberá ser modificado.

El edil cuestionó que mediante el mismo, la comuna otorga a la entidad mixta el manejo de la infraestructura “por tiempo indeterminado”, y resaltó que “debe estar muy en claro cuál será el funcionamiento y manejo del mismo”.

En esa tónica, reclamó que aquel que lucre con el Predio no debe hacerlo sin la correspondiente retribución a la comuna, como señaló que lo hizo el empresario que desarrolló la Expo Niños, que mientras lo habría usufructuado gratis, percibió entrada al público, y la comuna pagó por la instalación de sus propios stands institucionales.

También puso como ejemplo el destino errado que se le dará al predio, cuando este fin de semana se utilice su estacionamiento para las carreras de cinco categorías de la Asociación de Kárting Patagonia Sur, noticia que publicó ayer Diario Patagónico en la sección deportiva, y que citó el concejal.

Al respecto, cuestionó no sólo el impacto sobre el asfalto de dicho estacionamiento, obviamente no apto para la tracción de autos de competición, y preguntó quién correría con los cargos y responsabilidad en caso de accidentes, desgastes, o roturas por concretar tal espectáculo en un predio evidentemente no diseñado para ello.

En otro orden, el Concejo aprobó ayer el convenio mediante el que la comuna cede al Poder Judicial una parcela en el cementerio Oeste para la instalación de la morgue judicial, que inversión mediante de $600.000 más su equipamiento, dotará a Comodoro Rivadavia de un servicio que se adeuda desde hace 50 años, e implica además un laboratorio de anatomopatología.