Este martes, el Concejo Deliberante de Quilmes desarrolló una sesión breve, pero intensa. Sobre el final del encuentro legislativo, el concejal Mario Sahagún (ARI-CC) hizo pública una denuncia que mezcla sospechas de corrupción y desidia.

Sahagún pidió la palabra y se refirió a una situación irregular en un predio tomado, el que se encuentra detrás del arroyo Las Piedras. La denuncia del arista aglutinó varios comentarios.

La primera situación que puso en escena Sahagún fue la existencia de un basural a cielo abierto en el predio en cuestión –que pertenecería a las firma Massuh-. El edil aseguró que camiones municipales arrojan basura y ramas en el predio, y que esos desechos luego son tapados con tierra que depositan camiones privados. También tiran ramas los camiones de COVELIA, agregó el concejal, que señaló que la empresa que se vincula a Hugo Moyano “viola el contrato”. No dudó en calificar el asunto de “negociado”.

Sahagún indicó que a los ocupantes del predio "se les promete el relleno como una solución, y se les cobran los camiones de tierra que ingresan a los terrenos imaginariamente delimitados en un croquis casero que elaboró la delegada (de La Florida) Maria Isabel Placánica”.

Pero lo más fuerte de la denuncia de Sahagún vino después. El edil puntualizó oscuros manejos que realizaría Placánica. Señaló que “amigos” de la delegada cobran 300 pesos en cada casilla del predio para llevarles el servicio de electricidad. Estas personas, según el concejal, habrían instalado un cable en el terreno ocupado desde el cual derivarían la energía eléctrica a las distintas construcciones precarias.

Sahagún propuso un pedido de informes que solicitaba diversos datos: conocer si la Secretaría de Obras Públicas (que conduce Roxana González) diagramó relleno en el terreno; consultar si existe un censo de los habitantes del predio tomado; preguntar si se gestionó la extensión del servicio de luz eléctrica al lugar y saber si la propiedad tiene que ver con un área en la que la Municipalidad debía realizar una remediación ambiental por la contaminación de la ex Massuh (que derivó en una causa judicial que, en un momento, impuso una severa multa al intendente Francisco Gutiérrez).

Desde el bloque oficialista, ensayó una réplica Claudio González. El concejal aclaró que, en el predio en cuestión, se vuelcan ramas “desde gestiones anteriores”. También aseguró que “la gente está censada”, y pidió que “si hay un delito federal, que (Sahagún) haga la denuncia”.

El pedido de informes impulsado por Sahagún terminó siendo aprobado. Los votos de los tres ediles del PRO (José María Salustio, Luis Bratti y Nora Saracco), que se apartaron de su postura oficialista y acompañaron a la oposición, fueron vitales para que la iniciativa tuviera el visto bueno del Concejo.

Al finalizar la sesión, hubo declaraciones a la prensa del oficialismo y la oposición. El tema saliente fue la denuncia hecha por Sahagún. El presidente del HCD, José Migliaccio, consideró que el arista “promueve denuncias y, en función de esas denuncias –que da por aseguradas-, plantea un pedido de informes”. Opinó que “Nunca se sabe con él (por Sahagún) lo que plantea. Si hay una denuncia la tendrá que hacer en otro ámbito”.

Sahagún también habló ante los medios presentes, y reafirmó la denuncia hecha en el recinto. “Es un delito federal”, planteó. Y agregó: “Reuniremos los elementos para hacer la denuncia, pero hoy nos tocaba hacerla en el recinto, como corresponde, haciéndole saber al Gobierno Municipal que esto está ocurriendo, en nuestro Municipio y con funcionarios que son corruptos”.

Temas destacados de la sesión

Aunque la denuncia hecha por Sahagún retuvo la atención de todos los presentes en el recinto, hubo otras iniciativas importantes que se trataron en la sede del Poder Legislativo quilmeño.

Una resolución propuesta por la edil camañista Cora Otamendi (bloque PJ), solicitando que la empresa COVIARES S.A. realice obras en la autopista Buenos Aires-La Plata fue aprobada en la sesión.

Puntualmente, Otamendi toma una presentación hecha por el defensor del Pue3blo ajunto, Jorge Márquez (también identificado con el camañismo, como la edil), que inicia el reclamo. Entre los pedidos, se encuentra la construcción de un acceso desde Ezpeleta a la autopista. También, se pide por el mejoramiento de las banquinas y la habilitación de un tercer carril por mano. Estas obras, según afirma el expediente impulsado por Otamendi, deberían haberse realizado “hace ya once años”.

La iniciativa pide que el gobierno de Gutiérrez “se dirija a las autoridades del OCCOVI (Órgano de Control de Concesiones Viales), para que realice las tramitaciones necesarias para que la empresa COVIARES S.A. cumpla con las obligaciones contraídas”.

El polémico pedido de interpelación a funcionarios municipales, que la oposición impulsa por dudas en la forma en que se habilitó el establecimiento “Usina Láctea El Puente” ingresó a comisiones este martes. El tema fue el detonante de la falta de quórum en la sesión del 14 de junio. Ahora, deberá transitar el camino legislativo en las comisiones de Producción e Interpretación y Reglamento.

Otra de las propuestas legislativas que se aprobó fue el pedido, impulsado por la anibalista Edith Llanos, de que la administración Gutiérrez inicie las gestiones para crear nuevos destacamentos policiales. Las dependencias se emplazarían –según la resolución aprobada por el HCD- en los barrios La Resistencia, COVENDIAR, 2 de Diciembre y Los Álamos.

Además el Concejo aprobó que comience a debatirse un pedido de informes que indaga sobre la forma de entrega de viviendas sociales en el barrio Los Eucaliptus y la posible creación del Consejo para el Control del Programa Argentina Trabaja. El primer proyecto es una iniciativa de Diego Buffone (Radicales en la Coalición Cívica); el segundo es una propuesta de Eduardo Sánchez (ARI-CC).