La polémica se inició hace más de una semana cuando la jefa comunal autorizó la demolición de una vieja casa que peligraba con derrumbarse. El inmueble municipal- estaba siendo ocupado por un hombre de 65 años, que debió mudarse a una chacra de la zona.

Cuando se conoció la noticia, el Concejo envió un pedido de interpelación al Ejecutivo para que tres secretarios municipales den explicaciones sobre la medida adoptada.

Ayer, en un comunicado de prensa, Alvarado sostuvo que la decisión de demoler la casa se hizo en cumplimiento de una "medida administrativa, habilitada por una ordenanza, en el marco de la normativa privada y pública".

La jefa comunal reiteró que su interés "es que los vecinos sepan que lo que se hizo está dentro de las facultades del Ejecutivo y la ausencia de los secretarios en el Concejo se dio en apego al andamiaje legal a la que están obligados los gobernantes".

Alvarado acusó al cuerpo legislativo y aseguró que los "persistentes cuestionamientos" pretenden "paralizar la acción de gobierno".

Los funcionarios municipales indicaron que la vivienda demolida había sido objeto de permanentes denuncias la comuna realizó un seguimiento y primero trasladó a una de las personas que usaba el inmueble. Después se notificó al otro hombre sobre la decisión de demoler, ante el evidente peligro de derrumbe. Sin embargo, la medida administrativa no conformó a los ediles y salieron a pedir explicaciones. El cuerpo legislativo está integrado por dos concejales del Frente Grande, dos de la UCR y bloques unipersonales del PPR, PJ y PC. El pedido de interpelación para los secretarios fue una decisión que recogió los votos de todos los concejales, incluso los que acompañaron a Alvarado en las elecciones.