Según precisó Maximiliano López, si bien se trata de la creación de un fondo de vigencia en toda la provincia, en función de que se circunscribe en la Ley de emergencia de los servicios públicos, el convenio marco al que debe adherir cada comuna establece textualmente que su implementación es “sin perjuicio de las autonomías municipales”, por lo que reiteró que cada municipio debe darle -tras aprobación en la Legislatura provincial- el tratamiento parlamentario que corresponda.

Para respaldar tal concepto, el funcionario puntualizó además que tal fondo se constituirá con un monto fijo de $22 para la energía eléctrica y un incremento del 35% en los otros servicios que presta cada cooperativa -como agua o cloacas-, tal cual lo había anticipado Diario Patagónico. Sin embargo, subrayó que estos son montos “de máxima”, con lo que cada Concejo Deliberante podrá fijar los montos en un menor valor, en función de la tarifa de referencia que se estipulará para Chubut, donde los precios resultan sumamente dispares en las diferentes cooperativas.

El convenio marco que dará paso al proyecto de ley que deberá analizar la Legislatura provincial no ha sido presentado todavía en esa esfera, donde el legislador Javier Cisneros resulta el referente al integrar también el Consejo Consultivo.

Pese a que todavía no se dio el tratamiento Legislativo, al mismo han adherido ya los municipios de Esquel, Puerto Madryn y Trelew, y sus respectivas cooperativas, un hecho que aún no se ha dado en Comodoro Rivadavia.

AUTONOMIA MUNICIPAL

López brindó ayer estas precisiones a Diario Patagónico mientras se desarrollaba la sesión en el Concejo Deliberante. El funcionario había concurrido para participar de una reunión informativa con los ediles, aunque esta fue pospuesta para la mañana de hoy, en función de que sobre las 18, cuando arribó al edificio la reunión sobre tablas apenas promediaba.

En este contexto, el titular del oficialismo Juan Pablo Luque anunció la presencia de López desde la banca, invitando a todos los bloques parlamentarios a participar del encuentro.

La convocatoria se dio casi sobre el término de la hora de preferencias, donde la implementación de la tasa o el fondo de sustentabilidad había sido uno de los temas centrales del debate, dadas las dudas preexistentes en relación al tratamiento que el tema ameritaría en el caso de esta ciudad.

Es que al tratarse de un fondo creado por ley provincial, sobre la base de una emergencia declarada y un convenio marco al que se pide la adhesión de cada comuna, eran grandes las posibilidades de que el proyecto ingresara localmente solo viabilizando la posibilidad de adhesión o no, y dando por tierra los mecanismos ya mencionados mediante los que se debe crear en esta ciudad una tasa, impuesto o marco tributario nuevo.

De hecho, desde la bancada radical se había anticipado incluso la posibilidad de recurrir a instancias legales de no respetarse la potestad del Concejo, un temor fundado según se explicó en la posición de la Federación de Cooperativas “que quería que se avanzara en ella sin que los concejos deliberantes tuvieran actuación en la posibilidad o no de implementarla”. En el mismo sentido de defensa de la autarquía municipal se habían pronunciado los restantes bloques.

De acuerdo a los planteos del jefe radical, José Gaspar, quien fue el edil que más profundizó en el tema, cabe la posibilidad entonces de que esta ciudad fije entonces una tasa menor que los valores expresados en la referencia, ya que según se explicó, uno de los motivos centrales para requerir el apoyo del nuevo tributo es la implementación del nuevo acuerdo paritario de los trabajadores del sector, que demandarán un presupuesto extra de 3 millones de pesos por mes.

Gaspar recordó, sin embargo, que a raíz del acuerdo con Provincia, mediante el que esta absorbe los costos de operación del acueducto, la SCPL debería generar un ahorro de 4 millones de pesos mensuales, más que suficientes para cubrir el aspecto mencionado al aumento de sueldos.