La resolución se dio luego de que la familia Pierpaoli, que debe dejar su casa afectada a la ampliación de la avenida de la Costa, hiciera pública algunos desacuerdos en el proceso.

   El inmueble está ubicado en Gorriti y Thedy y debe ser demolido para continuar con la traza, que ya llegó hasta la puerta. Los dueños no están conformes con la tasación oficial y el desacuerdo generó un juicio de expropiación con inminente lanzamiento.

   Un intento fallido de desalojar el lugar instaló el tema en la opinión pública.

   La Municipalidad insiste en que se dieron los pasos correctos y que la obra pública no se puede detener.

   “La obra se puede parar unos días pero no detener, porque es muy necesaria. Lo que planteamos es que se maneje el tema con algún nivel de sensibilidad para con la mujer de 82 años que vive en el lugar”, fundamentó el edil Arturo Gandolla, autor del decreto que el Concejo aprobó en la primera sesión de 2011.

Ante la presunción de una tratamiento desigual en la política expropiatoria con respecto a otras personas de la misma zona, el proyecto solicita información a la brevedad al Ejecutivo. Así, pide conocer el estado de los trámites de expropiación, tasaciones y actuaciones judiciales, además de un detalle de las expropiaciones o avenimientos que se hallan realizado en otros inmuebles de la zona durante el 2010, afectados a la misma obra.

El decreto aprobado también solicita que se “desarrollen todas las gestiones pertinentes para otorgar a la ocupante del inmueble un plazo prudencial para la desocupación. Como representantes del pueblo no podemos estar ajenos a la sensibilidad social que implica un desalojo y que no se atiendan las necesidades básicas de la ocupante”, dijo.

Preocupación. “Hace más de un año que estamos discutiendo, la gente tuvo tiempo de sobra, esto no fue algo de un día para otro, ahora la obra (de ampliado de traza) está llegando a Gorriti y Thedy y la empresa a cargo está preocupada, no puede quedar de brazos cruzados”, explicó la secretaría de Planeamiento, Mirta Levin. Y tendió un puente hacia el Palacio Vasallo. “No creo que ningún concejal quiera parar la avenida de la Costa, por eso los vamos a interiorizar”, enfatizó.

Para el letrado de la familia Pierpaoli, Fernando Genera, el Concejo tomó un camino de protección del aspecto social del problema, que la normativa provincial no contempla. “La ley privilegia el interés social por causa de utilidad pública y en mi opinión termina relegando otros derechos de la misma naturaleza, como son los de la propiedad y protección a la ancianidad, marcos supraconstitucionales”, dijo.

Según Genera, de ningún modo los expropiados se oponen al progreso y a la evolución edilicia. Aunque aclaró que “tampoco se puede dejar de tener en cuenta que ese cambio deba quedar exclusivamente a costa de los propietarios de viviendas que tienen un precio diez veces menor a las flamantes torres que pueden ver desde sus ventanas”.

Demoras. Genera explicó que la vivienda de Gorriti y Thedy es la única de los inmuebles afectados a la ampliación de traza que entró en un juicio expropiatorio.

“Mientras llegan los informes solicitados, el Concejo pide la paralización de toda actuación tendiente a la demolición de la propiedad, no la paralización de la obra”, señaló Genera. Y agregó que si hay algo que está deteniendo el avance de los trabajos es la forma en que el expropiante lleva adelante los trámites necesarios