“El pedido de aumento en la tarifa de los taxis se encuentra en estudio. Más allá del reclamo del sector, que es justo, el Concejo no va a tratar el tema en enero, ni tampoco en febrero. La solicitud será analizada recién en marzo. En estos momentos, el Concejo está en receso”. De esta manera, el presidente del Concejo Deliberante capitalino, Ramón Santiago Cano, confirmó que la solicitud de incremento de la bajada de bandera aún no será tratada.

En noviembre, la Asociación de Trabajadores Involucrados en la Actividad Taximetrera (Atiat) y el Sindicato de Peones de Taxis habían solicitado de manera formal que el valor inicial del viaje pase a costar $ 6; y la ficha $ 0,50, como piso. Actualmente, la tarifa del servicio es de $ 4,50 y la ficha que corre cada 100 metros es de $ 0,38. A principios de ese mismo mes, la Asociación de Conductores de Taxis (Acott) también había presentado una nota solicitando un incremento a la comisión de Transporte del Concejo Deliberante. La Acott había planteado que la bajada de bandera sea elevada de los $ 4,50 actuales a $ 8, y que la ficha suba de $ 0,38 a $ 0,55 centavos. Luego, los dos sectores unificaron sus pedidos en $ 6.

El radical José Luis Avignone, que integra la comisión de Transporte del cuerpo, coincidió con el oficialista Cano. “El Concejo está en receso, la mayoría de los concejales no se encuentra en la provincia y las comisiones volverán al trabajo recién durante febrero. Esto no quiere decir que el Concejo no sesione. El intendente es el que tiene la potestad y quien puede convocar a una sesión extraordinaria cuando la urgencia de un tema así lo requiera. Pero me parece que la tarifa de los taxis no reviste tal urgencia como para que se convoque a una sesión”, señaló el edil. Y agregó: “no es un capricho, así lo establece la ley”.

Sobre el pedido del sector, Avignone admitió que los taxistas sí merecen que se les otorgue un incremento tarifario. “El pedido del sector es justo. Como todas las actividades, los taxistas también sufren la inflación”, fundamentó.

Por su parte, la opositora Sandra Manzone (Coalición Cívica-ARI) planteó que, en primer lugar, el Estado debería solucionar un problema de fondo: la situación laboral los peones de taxi. “Sigue, por ejemplo, sin poderse brindar una solución a la situación de relación laboral de los miles de conductores de taxis y sus condiciones de trabajo, en muchos casos con propietarios desaprensivos que no proporcionan condiciones dignas y desalientan toda mejora en la actividad”, cuestionó Manzone. “Por otra parte, debemos, una vez más, reiterar que sigue sin cumplirse la normativa respecto de los taxis, algo que se reitera en la queja de los usuarios que lo viven a diario, y que son las condiciones de muchas unidades. La limpieza y el confort siguen siendo deficientes”, se quejó la opositora.

Según la edil, la solicitud de incremento que ingresó al Concejo el año pasado debería ser analizada recién en marzo. “Seguramente la situación tarifaria del servicio de taxis será parte de la agenda de marzo de la comisión de Transporte. Pero debo decir que si la discusión se da sólo en torno a ello y no a la agenda de problemáticas de fondo del sector, como la decisión definitiva del combate a la ilegalidad; la exigencia de que la autoridad de aplicación funcione como es debido, y la situación de más 14.000 choferes que tienen derecho al blanqueo y a condiciones dignas de trabajo, una vez más no estaremos a la altura de lo que las circunstancias nos demandan”, opinó por escrito.

Más controles

El Sindicato de Peones de Taxis reiteró un planteo de la semana pasada y volvió a amenazar con endurecer los controles -por medio de la Secretaría de Trabajo- para obligar a los propietarios a que formalicen la relación laboral que mantienen con los choferes.

El secretario de ese gremio, Carlos Pizarro, sostuvo que mantiene conversaciones con el titular del gremio nacional, Omar Viviani, para implementar en Tucumán una serie de medidas de reclamo.