Inicialmente, esta ampliación urbana se había sancionado durante 2012 para dar solución a los habitantes asentados en tales lugares, quienes a pesar de haber adquirido sus lotes a privados carecían de mensuras y servicios básicos. La nueva norma pretendía agilizar dichos tramitaciones, pero a dos años de su sanción los concejales darán marcha atrás con la misma.

Según explicó Viviana Navarro (FpV), titular de la comisión parlamentaria de Tierras, dicha ampliación urbana determinaba que los lotes a vender debían respetar medidas mínimas de 400 metros cuadrados, aunque los privados comercializan lotes de 10 m x 20m, con lo que terminará por asentarse el doble de la población prevista para esos sectores, impactando de lleno en la provisión de servicios básicos.

“Lo hacemos con tristeza y desazón, pero en una reunión informativa con la gente de Planeamiento, en la que veríamos cuántos proyectos se presentaron en el marco de esa ordenanza, y nos encontramos con que ni uno solo presentó su proyección”, planteó Navarro.

Agregó que a la irregularidad de las superficies en venta hay que añadir la falta de previsión para localizar equipamiento barrial en cada sector. “No sabemos donde se ubicará el CPB (Centro de Promoción Barrial), la escuela, el centro de salud, el espacio verde; no han presentado nada”, reclamó el concejal.

URBANO VS SUBURBANO

Según explicó Navarro, dejar en vigencia la ordenanza implica que cuando llegue el momento de que tales urbanizaciones tengan sus servicios, no podrán acceder a los mismos, por lo que la problemática terminará “explotando” en el Ejecutivo ya que en sintonía con la ampliación urbana, la responsabilidad del control es municipal.

Al retrotraer la situación y declararla zona suburbana, las responsabilidades sobre el planeamiento del sector vuelven al privado que lotea.

“Se están manejando con una anarquía total. Hicimos esta ordenanza después de reunirnos muchas veces con ellos para ver cómo solucionábamos sus problemas, pero ahora no la respetan. Si no la respetan es porque no la necesitan, así que la vamos a derogar y la responsabilidad de lo que hagan será de ellos”, planteó la edil.

Mientras tanto, no hay cálculos específicos de cuál será la cantidad de población afectada, en función de la aludida falta de presentación de los proyectos de urbanización. Para ilustrar el alcance de la situación pueden mencionarse el caso del loteo Malvinas Argentinas -uno de los más de cinco emprendimientos del tipo-, en el que habitan cerca de 700 familias.

Consultada puntualmente sobre qué pasará con el derecho adquirido de quienes compraron su lote con la fracción incorporada al ejido urbano, del que será desafectado ahora, Navarro dijo: “le pediría a la gente que compró, que se acerque a Planeamiento Urbano y que pregunten por la planificación del sector en que viven, que es lo que debe explicarles quien les vendió”.