El proyecto plantea una declaración para proteger la legislación que quiere ser cambiada por empresarios mineros, en busca de avanzar con la extracción en la provincia.

La iniciativa ya se aprobó en el vecino departamento de General Alvear, y ahora los sanrafaelinos quieren continuarla.

En una larga lista de fundamentos, plantean que “San Rafael, al igual que el resto de la provincia de Mendoza, es un Oasis en medio de un árido desierto, que no es sino el fruto de una obra magnífica del hombre para controlar y utilizar un recurso que es sin dudas el más estratégico de todos: el agua, cada día más escasa (…) Sin agua, Mendoza no sería lo que es y San Rafael no es ajena a dicha realidad. Y comparativamente, ha demostrado históricamente que el desarrollo sustentable que emerge a partir del cultivo de la tierra, es el que ha convertido a esta provincia en la más importante del Oeste Argentino, con un nivel de desarrollo y calidad de vida muy superior al de sus vecinas mineras San Juan, Catamarca, La Rioja”.

“Frente a los ataques constantes contra la normativa citada, el Concejo Deliberante de San Rafael, como órgano deliberativo que tiene el deber de preservar un ambiente sano para sus habitantes, promover políticas sustentables, prevenir los desastres ambientales y la depredación de recursos naturales que pongan en peligro a las generaciones futuras y a los frutos de una historia de trabajo bajo un perfil agroindustrial y turístico, no puede disimular y dejar de pronunciarse, ratificando su compromiso con la ciudadanía”.

Así, el documento apela a que el HCD local se declare “absoluto defensor de la vigencia y constitucionalidad de la Ley 7722” y a exhortar al gobernador y al fiscal de Estado a “que arbitren todos los medios necesarios y agoten todas las vías tendentes a la defensa de la vigencia y constitucionalidad de la Ley 7722 ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los Tribunales Internacionales que correspondan”.