El Concejo exigió anular lo actuado y permitir que el trabajador ejerza su derecho a defensa

El oficialismo acompañó la decisión, aunque hubo una fuerte oposición de algunos de ellos, puesta de manifiesto en una reunión a puerta cerrada, en medio de un cuarto intermedio, cuando se decidía la redacción de la resolución.
Fue fundamental la presentación de documentación que avaló lo actuado por el agente municipal, irrefutable para el moccerismo, bloque que llegó a plantear, tal el caso de Ana Lía Pogost, que el Cuerpo ‘nada podía hacer en esta cuestión’, siendo refutado por radicales y justicialistas con la Ley Orgánica de las Municipalidades en la mano, con la ley en la mano.

El Concejo Deliberante de Coronel Suárez realizó, el pasado jueves, una sesión extraordinaria, la primera del año, en la cual desarrolló un amplio orden del día, compuesto de ochenta y tres expedientes, de los cuales el más debatido y esperado de la noche fueron aquellos relacionados con la suspensión del agente municipal Víctor Edgardo Ríos, concretada a través de un decreto del intendente Ricardo Moccero, a partir de un cuestionado informe de Juan Carlos Loupias y sin la posibilidad de que el trabajador pudiera ejercer su derecho constitucional de defensa.

Bajo este argumento ingresaron al Cuerpo dos notas, una del propio agente municipal sancionado y otra del Sindicato, con la firma del secretario general, el gremialista Rubén Allende, en donde se plantearon los argumentos por lo cuales consideraron a la medida tomada por el Jefe comunal como arbitraria, injusta y desmedida, además de considerarla absolutamente ilegal, porque todos los pasos administrativos para llegar a una medida tal habían sido ignorados.

Después de leídas las notas de referencia, tomó la palabra el presidente del bloque de concejales justicialistas, el edil Héctor Dalmau, quien a lo largo de treinta y tres minutos desgranó todas las irregularidades que cometió el Ejecutivo municipal, pero mejor aún estuvieron los argumentos que presentó a favor del empleado y que dejaron sin herramientas a los oficialistas para mantener en alto la medida del Intendente.

Si bien la oposición no tiene injerencia para levantar la sanción, lo cual está en manos del Ministerio de Trabajo, del propio Jefe comunal o de la justicia ordinaria, si es que no prosperan las audiencias que se mantienen en la delegación regional que coordina el Dr. Rodolfo Frers, quedaron al desnudo las innumerables pruebas que avalan el accionar de Víctor Ríos. Estas son, el libro de guardia del sector de agua corriente, en donde está evidenciado que el agente municipal terminó su turno de trabajo el sábado 15 de enero a las 6:00, mientras que los hechos que dieron origen a la sanción, la rotura de un caño en Avenida Sixto Rodríguez e Israel ocurrió posterior a ese horario; las notas de los vecinos avalando que el trabajador estuvo reparando otras averías durante la misma jornada y fuera de su horario de trabajo; una nota felicitando a Víctor Ríos por su desempeño laboral, firmada por el ex secretario Francisco Franco, quien pese a haber mantenido discusiones con el agente reconoció su capacidad y responsabilidad en el trabajo y, fundamentalmente, el aval de sus propios compañeros de trabajo, quienes afirmaron que su presencia en el sector es garantía de seguridad y profesionalismo.

No obstante, como si estas pruebas fueran insuficientes, Dalmau dio lectura a los artículos de la Ley Orgánica de las Municipalidades en donde se establece cuál debe ser el procedimiento para sancionar a un trabajador, habiendo sido éste absolutamente burlado por el Ejecutivo municipal; incluso, se vulneró el principio constitucional que toda persona es inocente hasta que se prueba lo contrario, en este caso fue el agente municipal el que tuvo que demostrar su inocencia, siendo esto inconcebible.

“Hay un hombre suspendido, sin haber podido defenderse y el pozo sigue sin taparse”. Héctor Dalmau.

La postura del Justicialismo

Héctor Dalmau comenzó expresando que “sin lugar a dudas, la suspensión de una gente municipal siempre llama la atención, pero en pocas ocasiones trasciende la esfera del municipio o del sindicato, son apercibimientos que no trascienden”.

“Este caso trascendido, aún no está resuelto”, consideró el edil, quien añadió que “tomamos conocimiento de los hechos a fines de enero, cuando éste Cuerpo tuvo una reunión con el sindicato y el agente municipal, cuando recibimos documentación, vimos el decreto y también recibimos la nota por la cual un funcionario pedían la suspensión de Víctor Edgardo Ríos”.

Sostuvo, además, que “es indudable que este tema, o esta suspensión, nació mal desde la nota que firmó el Jefe del sector de agua corriente, Juan Carlos Loupias y avalada por el secretario de Obras Públicas, el ingeniero Rubén Guarnieri, nota que incluso está errada en la fecha que ocurrieron los acontecimientos, hace referencia que ocurrieron el día 14 de enero cuando sabemos que fue el sábado 15 e incluso, sin medir las consecuencias que derivaría la nota, ésta fue escrita en forma personal por Loupias, denotando que la medida fue una especie de venganza para con el trabajador”.

Dalmau, sobre la nota, explica que “se hacen reseñas de incumplimientos laborales de Ríos, pero sabemos que el día 15 termina de trabajar a las 6 de la mañana como sereno, toma conocimiento de una pérdida grande de agua en Sixto Rodríguez e Israel y comienzan a suscitarse distintos hechos, tales como que redacta y entrega en los medios de comunicación un parte de prensa dando a conocer el inconveniente, además de realizar distintas tareas durante todo ese día, lo cual hace caer a pedazos la acusación y para ello nada mejor que la documentación que se nos ha acercado”.

“Se dice que no cumplió con su trabajo ni acató las órdenes de Loupias, dicen que no demuestra ningún interés por los servicios que presta, cuando es todo lo contrario y lo demuestran la infinidad de notas que elevó al Intendente dando cuenta de las deficiencias que existen en el sector y las posibles soluciones, dejando en claro que su preocupación no es la de un hombre no comprometido con su tarea, todo lo contrario”, enfatizó Héctor Dalmau.

Agregó que “hay fundamentos que no se pueden aceptar y hay motivos de suspensión que son inconsistentes, mentirosos, y esto es así porque Ríos trabajó después de la finalización de su turno, cumplió las órdenes de Loupias y es más, estuvo trabajando en distintos barrios de la ciudad e inclusive en Santa Trinidad”.

Indicó que “frente a aquellas aseveraciones de los funcionarios, que dicen que no cumplió con las órdenes, se estrellan frente a una nota elevada por el resto de los trabajadores del sector de agua corriente, en donde dicen todo lo contrario” y señala que “estamos tratando una suspensión por decreto, con motivos falaces y por si fuera poco faltando a los procedimientos que tenía que cumplir, porque se lo sanciona sin descargo, sin pasar por una junta de disciplina; es más, el agente no tuvo posibilidad de ejercer su derecho a defensa”.

Dalmau afirmó que “lo increíble es que se suspende a quien trabajó fuera de su turno y en la nota firmada por el Ing. Guarnieri y Loupias hablan que la tarea se terminó de subsanar el domingo 16 por la empresa González. Si investigamos un poco no existe la empresa González, sino los ‘Hermanos González’, Juan Emilio (proveedor 2779) y Juan Manuel (proveedor 2814), anotados como monotributistas, hasta en este detalle no menor cometieron un error los acusadores”.

Ya en el final de su alocución, Dalmau expresa que “como verán todo en este tema es bastante irregular; después, en el final de la nota, los funcionarios dicen que queda demostrado que (el trabajador) no tiene ningún interés en el servicio, pero si seguimos recurrimos a la documentación este párrafo cae por su propio peso, ya que en realidad Ríos ha presentado por documentación por escrito dirigida a funcionarios indicando lo que sucedía con el servicio, recomendando soluciones, lo cual no es el proceder propio de un agente infiel, todo lo contrario”.

“Sabemos de su compromiso para con el servicio de agua corriente, sabemos de su preocupación por como se colocó la membrana en el tanque, sabemos que no tiene pereza al momento de solucionar un problema que incomoda a la población, por todo ello es que estamos seguros que la sanción que recayó en el agente Ríos es meramente gremial, es un ‘pase de factura’ por haber defendido el reclamo salarial con convicción y valentía”, afirmó Héctor Dalmau.

“Ríos ha demostrado trabajo, responsabilidad y vocación, por eso es capataz, demostró tener eficiencia conductiva y de trabajo”. Guillermo Sol.

Por último, Dalmau refirió que “el asesor letrado Carlos Gañan solicitó una nueva prórroga al Ministerio para analizar la causa, sabemos que no se reunió la junta de disciplina y dicen que están esperando más informes. ¿Qué informes están esperando, si los funcionarios ya se manifestaron? Habrá que justificar algo que no pusieron. Esta dilación nos hace sospechar, esperemos que no se transforme (Carlos Gañan) en juez y parte y asirse de artilugios para perder tiempo y enmarañar la cosa”.

Después de la acusación, Dalmau dijo que “hay un hombre suspendido, sin haber podido defenderse y el pozo sigue sin taparse”, agregando que “manifestamos nuestro desagrado y repudiamos este accionar, lo hacemos con la Ley Orgánica de las Municipalidades en la mano, que en el capítulo dedicado a los actos jurídicos municipales, en el artículo 140, se expresa que los actos que no estén constituidos conforme a la ley son nulos, tal es el caso del decreto en cuestión, porque saltó todo procedimiento lógico y normal; mientras que el artículo 258, que legisla la responsabilidad de aquel que conducen, deja en claro que se deben respetar los derechos del imputado, como el de defensa”, dejando en claro en su parte final el concejal que “rechazamos la suspensión, la cual consideramos que es lamentable porque el Intendente invirtió el principio de justicia”.

Otras voces

También desde la bancada de PJ, la huanguelenense Norma Moro dijo que “por lo expuesto por Dalmau, es lamentable ver que estamos volviendo a épocas tristes que supimos descartar, porque cuando una persona, fuera de su horario de trabajo, desarrolla igualmente tareas y se lo castiga, es porque detrás hay otras intereses oscuros”, dejando en claro que “cuando se pierden los derechos laborales es una regresión a la época de la represión”.

Por su parte, el radical Guillermo Sol dijo que “quienes revisten funciones en este sector padecen las consecuencias de este sistema perverso, porque se les exige efectividad, que se brinde un servicio de calidad, pero no se les dan los elementos para poder cumplir el mismo, tampoco tienen el presupuesto que necesitan, falta persona y equipamiento”.

Afirmó, seguidamente, que “Ríos ha demostrado trabajo, responsabilidad y vocación, por eso es capataz, demostró tener eficiencia conductiva y de trabajo”, agregando que “esto no es algo que haya despertado en el Intendente de acompañar las convicciones que tiene Ríos, sino que procura vulnerar derechos constitucionales como lo ha hecho para cumplir con su deseo, que es castigarlo por haber defendido los derechos de todos los trabajadores municipales”.

Sostuvo con firmeza que “los procedimientos que ejerció el Ejecutivo son pasible de nulidad absoluta, porque vulneró el derecho constitucional de defensa” y argumentó que “este Concejo debe tomar una posición y plantear su opinión, porque más allá de los procedimientos hay una realidad, que es que no se cumplió el debido proceso según lo establece una ley, la 11757, donde se plantea que la persona tiene el derecho de defenderse y presentar sus pruebas”.

Finalmente, Guillermo Sol propuso que “este Cuerpo tome una determinación a través de un proyecto de resolución, en donde se le solicite al Intendente que no se le aplique la sanción hasta que Ríos haga su descargo previsto en la Ley 11757”.

A tal moción, la edil Ana Lía Pogost dijo que “creo que hemos estado en la reunión con Ríos y el Sindicato y dijimos que no tenemos injerencia, pero entendemos que debe hacer su descargo, por eso propongo que se solicite una reunión con Juan Carlos Loupias, para que exponga el por qué de su proceder”.

Frente a esta cuestión, José Ansaldo (Unión Pro) dijo que “el no respetar el debido proceso anula cualquier otra cuestión”, dejando en claro que “hubo impericia y animosidad para con el agente municipal, por eso pedimos que se retrotraiga la situación hasta que el agente haga la defensa como corresponde”.

Respondiéndole a Ana Lía Pogost, el justicialista Héctor Dalmau señaló que “en realidad, decir que el Concejo Deliberante no puede hacer nada es una barbaridad, porque podemos denunciar, exigir, decir… es amplio lo que podemos hacer. Si bien no tenemos la facultad de echar o incorporar gente, cómo no vamos a poder manifestarnos a través de una resolución”.

“Al agente se lo despidió sin permitirle hacer su descargo, algo atípico, primero se los suspense y después se averigua qué sucedió”, dijo Dalmau, para añadir que “lo pedido es independiente a que se convoque a Loupias”.

Por su parte, Guillermo Sol acotó que “está demostrado que todo lo actuado hasta el momento es nulo, porque se vulneró un derecho constitucional”.

Todo indicaba que el oficialismo no iba a permitir que la resolución propuesta por el concejal radical fuera ingresada fuera del orden del día, porque necesitaba los dos tercios de los votos, pero la contundencia de las pruebas obnubilaron a los concejales del Movimiento para la Victoria y pese a las explicaciones del presidente, de Roberto Palacio, accedieron a la exigencia de la oposición y una vez incorporado el proyecto, se pasó a un cuarto intermedio para analizar la redacción del articulado.

Después de algunos minutos, en donde un edil que no ha hablado aún en el recinto, tal el caso de Cristian Diez, que además es un empleado municipal, se opuso a la redacción que la oposición quería, pero no pudo con su bloque, que accedió y fue así que reanudada la sesión se aprobó por unanimidad solicitarle al Jefe comunal que no haga efectiva la sanción impuesta a Víctor Edgardo Ríos, que se le ‘limpie’ el legajo y que se le paguen los salarios caídos, hasta tanto el agente municipal realice el descargo previsto en la Ley 11757 y sea tomada una decisión con la ley en la mano. Así fue aprobado y así será elevada la decisión durante esta semana al intendente municipal Ricardo Moccero.

Este es un capítulo más en esta historia, ya que aún restan varios pasos por dar, en dirección a la resolución del problema.

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