En ese contexto, el municipio se comprometió a votar este viernes una resolución para instar al juez y a la empresa a que el frigorífico continúe funcionando como tal y, por lo tanto, se mantengan los puestos de trabajo.

Una veintena de trabajadores partieron ayer desde el frigorífico hasta llegar a la Municipalidad para hacer público su deseo de mantener las fuentes laborales, una vez más, y para que el poder político local se expresé a favor de la ley de expropiación del inmueble que ya tiene media sanción en la cámara de Diputados.

Recientemente los cooperativistas se enteraron de que las instalaciones fueron vendidas por 6 millones de pesos a una empresa dedicada a la construcción.

“Estamos a las puertas de un fabuloso negocio inmobiliario en perjuicio de los trabajadores que van a ver extinguidas sus fuentes laborales. También se verá perjudicada una unidad productiva que puede dar muchas fuentes de trabajo, más de dos mil cuando trabaja a pleno”, afirmó Guillermo Albanese, secretario gremial de la CTA local minutos antes de entrar al Municipio.

“El inmueble tenía una tasación fiscal de 10 millones de pesos en 1984 y ahora el juez Vidal adjudicó la venta por 6 millones. A esos valores los créditos laborales el obrero no los va a cobrar. Nos quedamos sin la fuente de trabajo, sin cobrar, y apañando a un futuro empresario al que no conocemos”, completó Carlos Vega, presidente de la cooperativa Recuperar. “No es justo que tengamos que salir a buscar un trabajo si ya lo tenemos y más cuando muchos de nuestros compañeros son grandes y ya no consiguen un trabajo”, añadió.

La decisión del juez “obliga al poder político local a fijar una posición clara al respecto, que haga efectiva la garantía que dicta la ordenanza 14.464 del Concejo Deliberante que afirma que el destino del bien debe permanecer en el sector productivo”, consideró Albanese y recordó que esta “promesa también fue formulada por el Poder Ejecutivo local a través del Secretaria de la Producción”.