Esa Ordenanza regula el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado por parte de los ciudadanos, y las excepciones a la publicidad de la información.

El proyecto fue presentado por la concejal Socorro Villamayor (Frente Salteño) y aún cuando tenía dictamen favorable, la concejal Romina Arroyo (Salta Digna) planteó su vuelta a comisión. Objetó Arroyo una multa equivalente al 20% de la remuneración para el funcionario responsable que omita subir la información y lo exiguo del plazo que la norma disponía para cargar los datos previstos en el artículo 9 de la Ordenanza 13.930.

Arroyo retiró finalmente el pedido de pase a comisión, pero antes de eso, la autora del proyecto y el concejal Tomás Rodríguez (PJ) tuvieron un breve pero intenso intercambio de términos. Villamayor hizo una extensa argumentación del proyecto e hizo hincapié en que la iniciativa está vinculada al trabajo en pos de la transparencia que hace el actual presidente del cuerpo; "queremos saber en qué se gasta, cuánto, a quién ayudamos, cuánto se gasta en publicidad, porque es la única forma en vamos a lograr el respeto del vecino".

Rodríguez, cuya gestión como presidente tiene un cuestionamiento por el manejo de los fondos de la partida de Subsidios, Subvenciones y Becas en el período 2012-2013, aunque hay otras gestiones denunciadas también, dijo que "este un temita de batalla de la concejal, que se hace la impoluta, pero ya todos sabemos quién es y cómo es". Siempre nos hemos regido por las normas contables dijo Rodríguez y advirtió que "estamos aprobando que se haga algo que ya se está haciendo". Frida Fonseca (PJ) apoyó a Rodríguez y dijo que estamos redundando normas. Villamayor contestó brevemente y dijo "parece que hoy es día de aclaraciones y afirmó que " no hay ninguna publicación sobre el destino de 11,5 millones de pesos