ESTEBAN ECHEVERRÍA: En el marco de una sesión especial, el Cuerpo convalidó por amplia mayoría un convenio que le permite al Municipio contratar personal retirado de la fuerza en el marco del Programa de Protección Ciudadana financiado por el Gobierno nacional. Además, se aprobaron convenios con la secretaría de Obras Públicas para llevar agua potable al barrio San Ignacio y con el Ministerio de Salud para incorporar personal médico.
La iniciativa fue defendida por el oficialismo, en el marco de una sesión extraordinaria convocada por Departamento Ejecutivo que se realizó ayer por la tarde y contó con el apoyo de casi la totalidad del cuerpo.
Así, la Comuna quedó habilitada para legalizar la incorporación de policías fuera de servicio (en principio serían 30), en el marco del Programa de Protección Ciudadana que financia el Gobierno nacional.
Como viene sucediendo con los temas vinculados a la problemática por la falta de Seguridad, el órgano dejó a un costado diferencias de forma y coincidió en el eje central: la propuesta del Gobierno municipal de sumar personal para la prevención y reprensión del delito en el distrito.
En ese contexto, la discusión más fuerte se dio entre la edil vecinalista Marta Mangas, que acusó al oficialismo de no permitir la participación de la oposición en el tratamiento previo del proyecto, y el justicialista Roberto Recco, que repudió el tono de las palabras de su par.
"No vamos a poder consensuar mucho, Marta, si seguís atacando a los concejales y a los bloques con ironías como las que dijiste", castigó el oficialista, en respuesta a los reclamos de la parlamentaria, en los que había dicho que "si se sigue con el mismo nivel de apertura vamos a consensuar mucho este año".
El único espacio que se opuso al pedido del Ejecutivo, en tanto, fue la edil de Libres del Sur, Grisel Tarsia, con el argumento de que "más represión no asegura más seguridad".
"No alcanza sólo con contratar más personal como si esa fuera la única causa de la inseguridad", justificó.
Asimismo, durante la asamblea se convalidó un convenio con la secretaria de Obras Públicas para la distribución por parte de AySA de agua potable en el barrio San Ignacio y un acuerdo con el Ministerio de Salud, que permitirá la contratación de personal médico y de enfermería.
Además, el Cuerpo también refrendó un proyecto de resolución para que la empresa de energía eléctrica EDESUR y las prestadoras de TV por cable descuenten de las facturas los días que no brindaron servicio a causa de las tormentas que azotaron a la región en las últimas semanas.
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