La presentación se realizó en el expediente caratulado "Rodríguez Mauricio contra Provincia de Salta y/o Ministerio de Desarrollo Humano y/o Secretaría de Promoción de Derechos y/o Dirección de Niñez y Familia s/ amparo" Nº CSJ 34074/10.

Buira es apoderada del joven Mauricio Rodrigo Rodríguez, internado en el Instituto Nazaret de Villa Mitre, y de sus hermanos menores Braian y Gunter Aranda, también internados. Invocando el artículo 90 de nuestra Constitución Provincial y por el artículo 1 de la Ley Nacional 26.061 representa el interés de los niños, niñas y adolescentes institucionalizados en los institutos de menores de Salta por causas no penales y que actualmente ven afectados sus derechos fundamentales.

La Defensora Oficial ha solicitado cese de forma urgente en la vulneración de los derechos humanos que se produce con la crónica institucionalización de los menores, abordaje que incluya la inmediata revinculación familiar con frecuencia, acompañamiento terapéutico para los menores internados y sus grupos familiares, armado de redes vecinales y comunitarias que permitan su reinserción social, capacitación adecuada para el desarrollo de un proyecto de vida autónomo, el otorgamiento de un subsidio al grupo familiar que los revincularse y la gestión y otorgamiento de una vivienda digna para la convivencia de los mismos con su familiares.

La acción judicial alcanza a los menores internados en la Sala Cuna , Rosa Niño, Nazaret, Esperanza, los tres Institutos de Barrio Castañares, OPJ San Lorenzo y también Hogar Tránsito que si bien es para personas menores de edad por causas penales existen también personas mujeres menores de edad institucionalizadas por cuestiones no penales.

Por medio de esta demanda también se pretende el incremento presupuestario para las políticas públicas de protección integral de los derechos de niños y adolescentes, una planificación que les garantice el derecho fundamental a la convivencia familiar comunitaria, la revisión en un plazo máximo de 30 días de la situación de todos los menores internos y el cese inmediato de la discriminación por pobreza que sufren.

"Adherimos al amparo interpuesto por una defensora oficial que es comprometida con los derechos humanos y valiente en el ejercicio de su cargo. Aunque al Poder Ejecutivo le moleste, y no sea esta gestión la única responsable de un problema de décadas, lo que está claro es que se olvidaron de niños pobres que no merecen estar en crónico cautiverio y sin garantías de educación y de reinserción social. Esperamos que la justicia comparta este criterio y los ayude" dijo el concejal Saravia.