Los concejales Raúl Medina (Frente Salteño) y Carlos Humberto Saravia (Unión Cívica Radical pidieron ayer al Procurador General Pablo López Viñals que meritúe si corresponde el inicio de investigación penal respecto de las irregularidades denunciadas en una nota periodística publicada el 12 de enero de último respecto de la adquisición de cien (100) unidades de transporte urbano de pasajeros por parte de la empresa estatal SAETA S.A.
Sostienen que “ conforme surge de lo publicado se ha instalado sospecha grave sobre el proceso de compra de una centena de unidades de colectivos por parte de la empresa SAETA S.A”.
La presentación incluye extensos párrafos textuales de una publicación periodística, según los cuales SAETA compró las unidades y la descripción de los hechos: que SAETA compró colectivos de una marca de menor calidad a los que disponía y por un precio superior al promedio de plaza para esas unidades y que como parte d e esa operación entregó 100 colectivos usados Mercdes Benz , por un precio muy inferior al que cotizan esos usados en el mercado.
“La operación no estuvo limitada a la adquisición de unidades sino que el proceso importó también la venta de los colectivos usados Mercedes Benz 1417 -que se reemplazan en una flota de aproximadamente 500 ómnibus- a un valor casi irrisorio por ser notoriamente inferior al de mercado y que provocarían perjuicio a SAETA S.A. y en consecuencia a la Provincia de Salta y a la Municipalidad de la Ciudad de Salta”, expresan los concejales Medina y Saravia.
“Se desprende que podría existir un direccionamiento espúreo de la contratación a favor de la empresa que finalmente resultó ganadora del proceso de licitación (Tecnología Avanzada en Transporte S.A., TATSA)”, expresan.
Tras decsribir los delitos en que los funcionarios estarían incursos los concejales consideraron que el fiscal penal de turno deberá iniciar investigación tendiente a establecer si los funcionarios y demás personas involucradas en la secuencia de contratación han incurrido en delito, pudiendo encuadrar sus conductas en las figuras del incumplimiento de los deberes de funcionario público y fraude a la administración pública previstas por los artículos 248 y 174 inciso 5° del Código Penal.
Ofrecen finalmente como prueba la indagatoria de todos los los funcionarios que han intervenido en el proceso de contratación y en la secuencia de licitación, que libre oficiio a la Corte de Justicia para una pericia de tasación de las 102 unidades entregadas por SAETA, y se requieran la totalidad de los antecedentes de la Licitación Pública de SAETA S.A. n° 06/10y Copia simple de publicación de Licitación Pública n° 06/10 de SAETA S.A y que oportunamente se remitan las actuaciones al Fiscal Penal de primera instancia a fin de que se expida sobre la procedencia de la promoción de acción.

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