La oposición en el Concejo Deliberante objetó ayer el reajuste de casi el 32 por ciento en las tarifas de agua y saneamiento en Neuquén dispuesto por el EPAS e insistieron en la necesidad de que más temprano que tarde el ente y el Municipio acuerden un contrato de concesión que regule el servicio.

Desde el oficialismo culparon al organismo provincial por la falta de un acuerdo bilateral, en tanto que el MPN responsabilizó al intendente Horacio Quiroga por la situación.

Por su parte, Mariano Mansilla (UNE) dijo que el incremento es “de dudosa legalidad” porque no existe un marco contractual del servicio. En ese contexto, advirtió que los usuarios podrían negarse a pagar la nueva factura porque no existe una norma que la sustente.

En declaraciones a este diario, el edil señaló que, junto a otros bloques del Deliberante, volverán a promover un acercamiento entre las autoridades municipales y de la Provincia para que acuerden un contrato de concesión.

“Si no hay resultados, deberíamos analizar recurrir a la Justicia para que, a través de un amparo, se exprese la necesidad de darle un marco de legalidad a la prestación del servicio”, indicó.

Karina Montecinos, del ARI, también rechazó la suba porque manifestó desconocer las variables utilizadas por el EPAS para recalcular la nueva tarifa y volvió a la carga con la necesidad de conformar una mesa técnica que discuta y analice los alcances del contrato de servicio.

Mientras que el justicialista Ariel Koman fue escéptico respecto de un posible acuerdo. No obstante acordó con la iniciativa planteada por Quiroga en su anterior gestión cuando propuso “municipalizar” la prestación del servicio de agua y saneamiento.

De todas maneras, advirtió que los altos niveles de inversión que requerirá “terminar con un servicio tan deficiente” serán difíciles de afrontar por parte del Municipio y estimó además que el EPAS “no quiere que lo controlen”.

Oficialismo versus MPN

El concejal de Nuevo Encuentro Neuquino, Leandro López y su colega del MPN Osvaldo Llancafilo discreparon respecto de las demoras en la firma de un contrato de concesión.

“La firma del contrato depende de la voluntad política del ministro de Energía, Guillermo Coco, porque no quiere que el EPAS reciba auditorías, no quiere que nadie los controle, que mire cómo se gasta y cómo se hacen las inversiones”, declaró López.

Opinó que la empresa “tiene un gran desmanejo” y al único que le interesa firmar el acuerdo es al Municipio.

Por el contrario, Llancafilo acusó a Quiroga de “discriminar” al EPAS porque, a falta de un contrato, le impide a la empresa acceder a compensaciones financieras tal como ocurre con el servicio de transporte o la Terminal de ómnibus.

Si bien aclaró que el EPAS no brinda un servicio adecuado en la ciudad y que requiere mejorar los niveles de prestaciones, remarcó que las autoridades comunales “no quieren firmar el contrato, porque no les conviene hacerlo ya que deberán dejar en claro en qué condiciones deberán prestar el servicio”.