En una conferencia de prensa indicaron que no comparten el plan de seguridad vial del gobierno provincial, enviado a la Legislatura, que de aprobarse facultará a la fuerza a cobrar infracciones viales como la falta de casco en motociclistas. A entender de estos invade la competencia municipal, ya que esos recursos deben quedar en la caja del ‘Palacio Ramirez de Velazco’.
Estuvieron presente la vicepresidenta del cuerpo a cargo de la presidencia, María Ernestina Cubiló, el vicepresidente del bloque Justicialista, Oscar Luna, y los concejales Marcela Fernández, Judith Suárez, Luis Tello y Claudia López.
Cubiló señaló que “la problemática del tránsito es una cuestión complicada a nivel mundial, por eso la Organización Mundial de la Salud declaró el Decenio de la Seguridad Vial , por ser una de las principales causas de muerte”.
Es así que “el Concejo Deliberante se abocó a través de varias normas a procurar soluciones”, e informó sobre algunos indicadores que influyen en la situación actual. “De poco más de 200 mil habitante que hay en la ciudad, se calcula que hay una moto cada 3 habitantes y de una población activa de 160 mil habitantes que se movilizan en distintos horarios todos los días, el transporte público sólo cubre 35 mil viajes y el resto se traslada en vehículos particulares, es decir, automóviles y motos”, señaló la edil.
“Para controlar todo este movimiento sólo se dispone de 200 inspectores municipales, por eso celebramos que la provincia lo priorice y vuelque más recursos, ya sean provinciales o nacionales provenientes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, para este tema”, agregó la concejal al tiempo que recordó que desde “hace mucho tiempo la municipalidad encara sola” y con sus propios medios distintas instancias de control.
Luego, Cubiló manifestó que “tenemos que dejarnos de vernos enfrentados y trabajar en colaboración, respetar los convenios existentes, las normas están y la capacitación también, pero tenemos que tener la disponibilidad de mayores recursos, tanto financieros como humanos”. En este sentido, enseñó que “no necesitamos más normas, sino hacerlas cumplir y generar conciencia en los ciudadanos para que cuiden sus vidas y las de sus semejantes”.
Además la dirigente oficialista aclaró que “los aportes son bienvenidos, siempre y cuando se respeten las competencias de los municipios que están perfectamente delimitados y establecidos en la Ley orgánica municipal”, al tiempo que dijo que los concejales no conocen el proyecto de Ley sobre Seguridad Vial que el Ministerio de Gobierno de la provincia enviará a la Cámara de Diputados, antes de que sea tratado por los legisladores.
Por su parte, el concejal Luna indicó que “no caben dudas de las competencias que tiene el municipio en materia de tránsito ya que las mismas surgen de las atribuciones en lo general, consagradas y otorgada a la Función Municipal en la Constitución de la Provincia y en lo particular en la Ley Orgánica Municipal Transitoria.
Asimismo, apuntó que “la policía y el municipio trabajan en el marco de convenios que tienen plena vigencia” y agregó que “está en discusión una propuesta elevada por el Ministerio de Gobierno en donde la Policía pueda hacer operativos de control en forma autónoma, pero con talonarios de actas otorgado por el municipio, instrumentos visado y auditado por el Tribunal de Cuentas de Municipal”, y aclaró que “no hay deudas con la fuerza”.
Contamos con un Código Vial sancionado fruto de la participación de todo el cuerpo y de todos los actores involucrados, entre ellos las asociaciones civiles en la temática y la policía en su conjunto tras audiencias públicas dignas de destacar, ya que hasta empresas del medio invierten en campañas de difusión en el marco de la responsabilidad social empresaria contemplada en la citada.
En este sentido precisó que “las multas las cobra rentas de la municipalidad, mientras sean pagos voluntarios, porque tiene receptorías en la Jefatura de Policía que funciona los fines de semana, donde cobra el municipio y coparticipa el 50 por ciento”.
Luna insistió que “aunque el control de la Seguridad Vial en todo su espectro es una materia estrictamente municipal, se ve con muy buenos ojos el acompañamiento, que de hecho se hace en virtud del convenio vigente, el querer aportar desde la función ejecutiva provincial estrategias e iniciativas tendientes a la prevención, concientización e inversión de todo tipo de recursos a fin de fortalecer las políticas viales de los municipios”.
Por otra parte, el edil afín al quintelismo también señaló que pedirán una audiencia con el ministro de Gobierno, Felipe Álvarez, para interiorizarse del texto del proyecto de Ley que envió a la Legislatura, “porque nos preocupa que el proyecto hable supuestamente de atribuciones y competencias y resortes que hacen exclusivamente a la función municipal”.
En otro orden, Luna preciso que el estado municipal es el garante del debido proceso que tiene todo ciudadano en el caso de recurrir en esta materia (infracciones) y que está sostenido por la Justicia Municipal de Faltas, taxativamente estipuladas en el orden jurídico vigente y señalado.
Así también y en este sentido, dijo que hay cuestiones en las que puede actuar la policía como es el caso de conductores ebrios (aplicación de ley N° 7.191), la exigencia a las concesionarias de motos para que vendan las motos con casco aplicable a la órbita de la dirección de Comercio Interior, pero hay otras situaciones como la venta de combustibles a los conductores sin casco que tenemos que analizar, en el Consejo.
Finalmente, la concejal menemista Claudia López, indicó que tiene dudas acerca de la movida del gobierno y se preguntó “qué Código de Faltas va aplicar la Policía”, no obstante coincidió con sus pares en cuanto a la necesidad de instrumentar una política de Estado sobre el tema tránsito.
La edil opinó que hay que incentivar el uso del transporte público, que sea frecuente y accesible, y se mostró en contra de la políticas espasmódicas que resultan después de una tragedia en particular y pidió atender otros problemas sociales como el consumo de alcohol y drogas.

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