“En principio, consideramos necesario expresar nuestra posición en cuanto a la inconstitucionalidad actual de lo estatuido en el Decreto 432/1997, ello a partir del dictado de la Ley 26.378, que incorpora al derecho positivo argentino las previsiones legales contenidas en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobados mediante resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas -A/ RES/ 61/ 106-, la cual posee jerarquía constitucional”, señala el comunicado de prensa.

“Resulta evidente el cambio de paradigma operado a partir del dictado de dicha norma, enmarcada en una clara política pública de igualar y dignificar, en tanto la Convención precisamente reconoce a las personas con discapacidad como sujetos de derecho y no objetos de asistencialismo”, agregaron los ediles del oficialismo en el balneario.

Luego, recordaron que el Decreto 432/97 establecía una ayuda asistencial para personas en estado de extrema indigencia, siendo entonces improcedente su utilización dada la evolución normativa reseñada.

“En este sentido, desde este bloque de Concejales hemos cursado notas solicitando información sobre el impacto de la medida en los habitantes de nuestro distrito a la licenciada de trabajo social del Hospital Municipal Dr. Ramón Carrillo, del cual dependen los trámites de nuestros vecinos y al Gerente de la oficina local de ANSES, en las cuales les solicitamos tengan a bien: informar la cantidad de personas de nuestro distrito que se encuentra alcanzada por la aplicación del Decreto 432/97, el estado actual de los trámites, la cantidad de beneficios que hubieran sido suspendidos y/o declarados caducos, así como todo otro dato que permita evaluar el impacto a nivel local de la medida adoptada por el Estado nacional, a fin de analizar las acciones que resulten necesarias desarrollar para la protección de los derechos constitucionales que pudieran hallarse afectados”, destaca la parte final del comunicado.